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España | Ceuta y Melilla

Podemos prepara una propuesta para que los inmigrantes ilegales sean intocables por Ley

 podemos-inmigrantes

Unidos Podemos ha aprovechado el desbloqueo del procedimiento de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana para introducir una serie de enmiendas destinadas a impedir las denominadas «devoluciones en caliente» de inmigrantes en situación irregular en España y «blindar los derechos» de estas personas.

La portavoz adjunta del grupo en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, explicó este miércoles las reformas que los de Iglesias pretenden llevar a cabo en la Ley de Extranjería, y que forman parte de las enmiendas parciales que Unidos Podemos ha presentado a dos iniciativas de PSOE y del PNV que buscan derogar la actual Ley de Seguridad Ciudadana.

La diputada denunció que la disposición que permite las devoluciones sumarias «se incluyó por la puerta de atrás» en la legislación y que, con ella, «se está atacando a los derechos humanos de las personas migrantes, legalizando una práctica que el Tribunal Superior de Derechos Humanos ya ha declarado ilegal».

Por ello, Belarra anunció que entre las enmiendas que presentaban a los textos de los socialistas y de los nacionalistas vascos, se incluía la supresión de devoluciones sumarias de inmigrantes irregulares. Pero, además, los de Iglesias han incluido en sus enmiendas nuevos puntos a esta norma para «reforzar» artículos que, «siendo ya parte de la legislación vigente, no están siendo garantizadas en los perímetros fronterizos, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de perímetro con las devoluciones marítimas».

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De esta manera, han incluido enmiendas para «garantizar la solicitud de derecho de asilo» de las personas migrantes y para garantizar también que «siempre se tenga que documentar a las personas que han entrado de manera irregular en territorio español». En la proposición Unidos Podemos establece el requisito de que la decisión de expulsar a una persona extrenajera en situación irregular debe ser adoptada por una autoridad gubernativa, y no por un funcionario.

Además, establece la obligación de documentar «siempre» a las personas que entren de manera irregular en territorio español y la de garantizar el acceso a asistencia jurídica y a un intérprete durante el procedimiento de explusión. «La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsión, mediante un procedimiento en que se tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes», reza la proposición.

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