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Trias pagó 65.000 euros públicos a los okupas 'para evitar follones' antes de las elecciones

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La Fiscalía de Barcelona ha iniciado diligencias de investigación contra el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, por un presunto delito de malversación de fondos.

En un decreto que firma la fiscal jefe provincial, Ana Magaldi, se denuncia públicamente que, el Ministerio Público, ha conocido a través de los medios de comunicación el desalojo del Banc Expropiat en el barrio de Gràcia de la ciudad, los graves incidentes de madrugada con los okupas y que, a finales de 2014, el anterior alcalde 

"Con el fin de evitar el desalojo del referido local y, por tanto, los eventuales incidentes que pudieran producirse por parte de ese colectivo que se encontraba allí instalado desde el año 2.011, decidió suscribir un contrato de arrendamiento con una duración de un año con la empresa propietaria del mismo, Antartic Vintage S.L., por un precio de 65.500 euros; renta que fue puntualmente satisfecha por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, sin que el nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones haya procedido a la renovación del mismo".

Por eso, la Fiscalía considera que se debe investigar si el ex alcalde cometió o no un presunto delito de malversación de caudales públicos, al efectuar el pago, que cargó a las arcas municipales, para evitar el desalojo y posibles incidentes a pocos meses de las elecciones.

El Ministerio Público pedirá a la Policía Nacional que investigue esta actuación y determinar si existen pruebas de la comisión del delito, por el que Trias sería imputado.

CiU asumió el coste del alquiler "ante la inminencia del desalojo". El objetivo, justificaron, era continuar pagándolo hasta finales del 2015 y mientras tanto "buscar una solución que concilie el derecho del propietario y el mantenimiento de la actividad del local".

Sempre hem condemnat la violència que generen grups antisistema i okupes. Al #BancExpropiat de Gràcia vam actuar per evitar aldarulls.

— Xavier Trias (@xaviertrias) 24 de mayo de 2016

El nuevo Ayuntamiento de Ada Colau se negó a seguir con el pago del alquiler y denunció públicamente la presunta práctica delictiva del anterior Gobierno municipal, liderado por Xavier Trias.

 

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