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Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional de tráfico de seres humanos, que se dedicaba a captar personas en África para trasladarlas a Europa a cambio de dinero para trabajar en precario. Los agentes han detenido a 12 personas, que han ingresado en prisión, y se han realizado arrestos a nivel internacional: tres en Portugal, dos en Alemania y una detención en Holanda. También se hicieron registros en domicilios y locales de varias localidades españolas como Burgos, Lleida y Barcelona, en los que se encontró dos kilos de marihuana.

Tras más de un año y medio de investigación, los agentes desarticularon esta organización que trasladaba a Francia bajo coacción un número elevado de personas indocumentadas, por lo que han identificado cerca de 1000 víctimas. Se estiman unos beneficios de la organización superiores a los 500.000 euros desde el inicio de la investigación. Las víctimas eran principalmente provenientes de países africanos, entre las que era habitual encontrar menores y mujeres embarazadas. Eran captadas en origen para trabajar de manera irregular y en precario y las trasladaban a España desde donde las transportaban posteriormente en Francia, Bélgica y Alemania. Entonces exigían un pago de entre 500 y 750 euros. Para asegurarse el pago se solían aprovechar de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban e incluso habían llegado a abandonar un menor durante un viaje que no había podido pagar toda la cantidad exigida.

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Una parte de esta organización se encontraba establecida en España y formada principalmente por personas subsaharianas que residían en la demarcación de Lleida, donde disponían de un piso a cargo del cabecilla de la organización en la localidad de Rosselló (Segrià) . Disponían de un segundo inmueble que empleaban de la misma manera a la localidad de Mataró, donde residían los restantes miembros de la organización.

Cada integrante de la red tenía un rol diferenciado y obedecía a una jerarquía clara. El líder a nivel internacional, conocido como "el jefe", era un hombre de origen centroafricano que residía en Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecimiento de la inmigración irregular y presumía de llevar 25 años dedicado a la misma actividad. Para incrementar los beneficios había puesto en marcha una estructura societaria e inmobiliaria que les había permitido captar también a personas de origen asiático (generalmente nepaleses, hindúes y pakistaníes), a los que trasladaban desde Alemania en la Península Ibérica, mayoritariamente en Portugal.

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Con esta infraestructura realizaban viajes España-Alemania-España-Portugal. Para ello utilizaban furgonetas alquiladas o alguno de los doce vehículos de la organización a nombre de otras personas, que sobrecargaban con personas y bidones de combustible, para maximizar los beneficios por trayecto. Se han contabilizado unos 90 viajes con más de 1000 víctimas.

Según los investigadores, la organización tenía normas muy estrictas: estaba establecido cuál era la cantidad a abonar y como se había de hacer el pago; que no había que hablar con las autoridades si los identificaban; la utilización de un destino ficticia; el hecho de no usar sistemas de retención para poderse ocultar rápidamente en caso de presencia policial (especialmente con respecto a niños y bebés); los menores de siete años debían ir sentados encima de otro ocupante, generalmente una mujer, pero pagaban igualmente su trayecto. Todo esto comprometía seriamente la integridad y la seguridad de los migrantes.

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En la investigación y la fase de explotación, que se llevó a cabo en febrero de este año, participaron la División de Investigación Criminal y otras unidades de los Mossos y el Grupo de Información de Huesca y de Cataluña. La operación ha tenido una gran complejidad por su alcance geográfico y temporal, y ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Tremp e impulsada por la Fiscalía de Lleida. La coordinación internacional se ha hecho a través de Eurojust, con la participación de policías y órganos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.

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