El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público. La sentencia indica que Torra desobedeció "sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad" la decisión de la Junta Electoral Central de retirar de los edificios públicos toda la simbología independentista, como el cartel con un lazo amarillo a favor de los presos condenados por sedición por el Tribunal Supremo, que colgaba del Palau de la Generalitat, en las elecciones del pasado 28 de abril.
De esta forma, Torra se convierte en el primer presidente de la Generalitat condenado durante el ejercicio del cargo. Durante la celebración del juicio ante el TSJC el pasado noviembre, el dirigente aseguró a preguntas de su abogado que "no cumplí las órdenes, o lo que es lo mismo la desobedecí, era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos".
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Por eso la sentencia del TSJC indica que "en definitiva, el mandato emanado de los sucesivos Acuerdos de la Junta Electoral Central es elocuente, expresivo y claramente revelador de lo que debía llevar a cabo el MHP de la Generalitat, imponiendo a su destinatario un inexcusable deber de acatamiento y sujeción al mismo en todos sus extremos". Además añade que "asistimos al pronunciamiento de una orden que emana de una autoridad administrativa con competencia para ello, que, de manera clara y terminante conmina al destinatario de esa orden a actuar de una determinada manera".
El tribunal detalla que Torra "no sólo no ordenó la retirada en las fachadas de los edificios dependientes de la Generalitat de los lazos amarillos y de las banderas 'esteladas' en el plazo establecido, sino que llegó a decidir (o consentir), en algunos casos, su sustitución por otros lazos, blancos y cruzados por una raya roja. No cabe duda, pues, de que, además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, asistimos a una voluntad consciente y a una disposición anímica inequívoca de contravención". En este sentido, añaden que el comportamiento del presidente ante la orden "revela una negativa abierta y franca al cumplimiento de lo allí resuelto" y recuerdan que el propio condenado "lo admitió de forma explícita" en el juicio.
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¿Y ahora qué?
Torra ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a una pena de un año y medio de inhabilitación, que era lo que pide la fiscalía. La condena solo será firme cuando sea ratificada por el Tribunal Supremo (TS) o si el 'president' renuncia a recurrirla. Mientras, podría seguir en el cargo, pero la ley electoral le impediría presentarse a la reelección. El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a nueve meses, lo que dilataría hasta al menos el 2020 una eventual inhabilitación.
Los equilibrios dentro del Govern podrían verse alterados con una inhabilitación de Torra, ya que, de acuerdo con la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, le tocaría al vicepresidente Aragonès asumir el mando del Ejecutivo. Entonces se activaría el procedimiento para investir a un nuevo 'president': en los 10 días siguientes, el presidente del Parlament debe proponer un candidato y, si no se alcanza la mayoría necesaria, se iniciará una cuenta atrás de dos meses. Si en ese plazo no se ha investido un 'president', la legislatura se disolvería y se celebrarían elecciones al cabo de 54 días.
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