El presidente catalán, Quim Torra, ha enviado este miércoles a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito en el que alega la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat.
El escrito ha sido enviado poco antes de que venciera el plazo máximo de 48 horas dado por la JEC al presidente de la Generalitat para que ordenase la retirada de las esteladas y los lazos amarillos.
Desde Twitter, Torra ha denunciado que el requerimiento de la JEC es "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español".
En la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando, de hecho, la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", en catalán e inglés, junto a un lazo amarillo.
En su recurso, el presidente catalán busca rebatir la "afirmación de esta JEC de que la bandera estelada es un símbolo partidista utilizado por formaciones políticas concurrentes a las elecciones y que su utilización es contraria a la neutralidad política".
Además, esgrime "la dificultad legal de cumplir el requerimiento en sus justos términos", ya que la JEC reclamaba ordenar la "inmediata retirada de las banderas esteladas y lazos amarillos" de cualquier edificio público de la Generalitat.
El requeriment que em va fer la junta electoral és un nou intent de censura de la llibertat d'expressió per part de l’Estat espanyol. He respost amb aquestes consideracions:https://t.co/EUYof39lMD pic.twitter.com/7ykJr60ZFN
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de marzo de 2019
Torra argumenta que "existen multitud de edificios públicos en todo el territorio de Cataluña" que o bien "no son propiedad" de la Generalitat o bien "no los gestiona directamente".
Además, recalca que en sus funciones como president tiene el "deber de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos".
Torra recuerda que el Parlament, en 2014, aprobó una resolución que reconocía la estelada como "símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta", sin que "ninguna institución del Estado" lo cuestionara.
Por ello, "el carácter de símbolo partidista" que la JEC atribuye a la estelada "contraviene la resolución del Parlament y supone una interpretación subjetiva que no se corresponde ni con la realidad ni con la voluntad popular expresada" por los diputados.
En cuanto a los lazos, hace constar la "contradicción que supone la prohibición de la exhibición de estos símbolos en edificios de la Generalitat" invocando la "neutralidad política".
"Desde hace ya más de un año, formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril han realizado campañas públicas para fomentar e incentivar la retirada de estos símbolos de espacios públicos", subraya.
El president señala que el Parlament rechazó el pasado junio dos proposiciones de ley que instaban a prohibir los lazos amarillos en el espacio público y edificios institucionales, de lo que se desprende "una posición clara" de la cámara catalana "a favor de la libertad de expresión en el espacio público y en las instituciones".
La resolución de la JEC, denuncia, "lejos de mantener la neutralidad política, está dando la razón a estos partidos que han atacado sistemáticamente" esta simbología, por lo que "está favoreciendo los postulados que estos partidos han defendido".
Así, Torra acusa a la JEC de incurrir en una "ausencia de imparcialidad", ya que al prohibir esos símbolos favorables a los líderes independentistas encausados por el 1-O está "reconociendo unos ideales de partidos que concurren a las elecciones".
Quim Torra estaba ante la primera decisión que le coloca en la línea roja de la desobediencia y la prevaricación si no acata el mandato de la JEC. Además de a una multa de entre 300 a 3.000 euros. Como presidente de la Generalitat es considerado funcionario público y esto le lleva a la franja más elevada de la sanción.
Pero más allá de la posible sanción económica, lo más relevante es que un incumplimiento de la orden de la JEC iría acompañado de una catarata de denuncias civiles ante la Fiscalía –el PP y Societat Civil Catalana ya trabajan en ellas, por ejemplo–para abrir un procedimiento contra el presidente de la Generalitat por desobediencia y prevaricación. Previsiblemente antes la Fiscalía actuaría de oficio.
Los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán sus alegaciones ante el Supremo para ganar tiempo. Pero Torra y su «núcleo duro» saben que más allá de los pulsos en el discurso político, el incumplimiento de esta resolución del «juez» en periodo electoral puede terminar en la apertura de un proceso penal contra el presidente de la Generalitat.
