
En unas horas finaliza el plazo que la Junta Electoral Central dio al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para que se quiten los lazos amarillos y las banderas "esteladas" de los edificios oficiales. Y el Torra volverá a hacer lo mismo que sus antecesores en el cargo: desobedecer a la Justicia española.

48 horas fue el plazo que el Estado dio a la Generalitat para la retirada de todos los símbolos separatistas de los edificios públicos de Cataluña, ya que vulneran la ley electoral y la supuesta neutralidad que deben mantener las instituciones durante la campaña. Pero les da igual. No los quitarán.
Ya lo avanzó este martes la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, que calificó la decisión de "ridícula".
"No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política", criticaba en un acto con los medios. Y por tanto, como ocurría con las resoluciones del Tribunal Constitucional y el referéndum del 1-O, no obedecerán.

El Govern de la Generalitat sigue choteándose en la cara del Gobierno de España. Después, igual que en el juicio del 'procés', dirán que no lo sabían. Que la decisión no tenía consecuencias jurídicas. Que todo era simbólico.
El Gobierno anuncia que retirará los lazos amarillos
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmaba en comparecencia pública que el Ejecutivo está dispuesto a hacer cumplir la Ley en Cataluña si Quim Torra no acata la sentencia de la JEC y retira los lazos amarillos en el plazo marcado. Según recoge Efe, ha explicado a los medios que los lazos "se quitarán" de las instituciones y "desaparecerán, iniciándose un proceso sancionador".

El presidente de la Generalitat y otros altos cargos del Govern se exponen a multas de entre 300 y 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia en Fiscalía si no cumplen con la orden de la Junta Electoral. Lo pagarán todos los catalanes.