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Jue06202019

Última actualizaciónMié, 19 Jun 2019 7pm

España | Cataluña

Refugiados denuncian al Estado porque no les da un piso de alquiler gratis

refugiados

Familias de refugiados que viven acogidos en la 'Casa Bloc' de Barcelona han denunciado públicamente que su situación "es muy grave" porque este mes de mayo serán expulsados del equipamiento - en el que residen de manera gratuita y de forma provisional- y "no pueden pagar un piso" debido al incremento de los precios del alquiler "nos sentimos arrojados a la calle".

En una carta firmada por varias familias y enviada por la entidad "Papeles para todos", los refugiados se dirigen al secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, a los responsables de Ciutat Refugi y a toda la ciudadanía catalana "que ha dado recientemente importantes muestras de solidaridad con los refugiados".

Lamentan que se les haya dado "un ultimátum" para abandonar la residencia en mayo, tras una orden del Ministerio del Interior, que les ha ofrecido hasta ahora vivienda y manutención en el marco del programa estatal de acogida.

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"Nos hemos esforzado por encontrar un alquiler acorde con nuestras posibilidades económicas, pero carecemos de un aval del gobierno o de las ONG y el mercado de alquileres está en plena subida de precios", han explicado.

Rechazan ir a un hostal porque "supone un paso atrás" respecto a la situación actual y es "una grave dificultad para las familias con niños en edad escolar", un encarecimiento de las condiciones de vida "al no disponer de cocina propia", y un retroceso importante "en su lucha por integrarse a la sociedad".

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"Vivimos una gran angustia y preocupación y nos sentimos ya en situación de calle", han afirmado las familias afectadas, que han reclamado que se las tenga en cuenta, y que se responda al compromiso hecho público en varias ocasiones por la Generalitat de que "Barcelona es nuestra casa".

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Se da la circunstancia de que el pasado mes de enero la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, y el secretario Oriol Amorós anunciaron la implementación de un programa para ayudar a refugiados que, después de acogerse al plan estatal, no consiguieran una inserción en la sociedad catalana.

El plan, que preveían aplicar a partir del mes de mayo, contemplaba dotar a los refugiados de una prestación económica de 400 euros por persona para cubrir sus necesidades básicas durante un máximo de un año. Una cantidad que los refugiados creen que no es suficiente.

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