Puigdemont vuelve a Waterloo para fundar otra Generalitat y dirigir Cataluña desde Bélgica

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Carles Puigdemont aprovechará la retirada de la euroorden que pesaba sobre él y el resto de cabecillas del procés fugados para regresar a Bélgica y activar el Consejo de la República, esa especie de Govern paralelo desde el que pretende dirigir Cataluña en calidad de «president legítimo», según publica el diario El Mundo.

El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet, anunció ayer que Puigdemont se trasladará «en los próximos días» a la población belga de Waterloo, sede de ese Ejecutivo sin reconocimiento legal que Puigdemont no pudo poner en marcha por su detención en Alemania.

ERC aceptó conceder al ex presidente de la Generalitat un cargo honorífico a cambio de que retirara su candidatura a la Presidencia y delegara en un «presidente efectivo», siendo finalmente Quim Torra el elegido.

Los republicanos priorizaron poder formar un Gobierno legal para levantar el 155, confiando en que Puigdemont se conformaría con ejercer como embajador del procés en el extranjero, pero los planes del ex presidente de la Generalitat son bien distintos.

Así lo ha venido demostrando en la última semana. Primero lanzando un nuevo partido político -Crida Nacional per la República- para hundir al PDeCAT e intentar fagocitar al resto de fuerzas independentistas. Después, forzando la paralización del Parlament para evitar ser suspendido como diputado -aun a costa de desatar una crisis de «confianza» entre los partidos que forman el Govern-, y ahora resucitando ese Consejo de la República que le permitirá dotar de una falsa institucionalidad a sus proclamas y directrices mientras continúa exigiendo su «restitución» como presidente de la Generalitat a todos los efectos.

Quim Torra, el 'president titellla'

La exigencia de Puigdemont fue suscrita por el presidente vicario de la Generalitat, un Quim Torra que reclamó que la excarcelación de los «presos políticos» se lleve a cabo «esta misma tarde [por ayer]». Torra sostuvo que la estrategia procesal de Llarena «se cae como un castillo de cartas» y definió la retirada de la euroorden como «una nueva victoria de las fuerzas por la democracia».

El jefe del Ejecutivo catalán no se conformó con reclamar la libertad de los políticos independentistas presos, sino que preguntó al Estado «cómo piensa resarcir a ciudadanos afectados por una persecución infundada».


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