El Gobierno de Rajoy, una vez activada ya toda la maquinaria judicial, se prepara para boicotear directamente la logística del referéndum. Según ha informado el diario 'El Mundo', esta estrategia pasará por impedir la apertura de los colegios, la constitución de las mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos.
Los colegios electorales
Para la apertura de los colegios, el Gobierno ha comenzado con advertir a los alcaldes de todos los municipios catalanes. De hecho, la Fiscalía ordenó este 13 de septiembre, investigar a más de 700 alcaldes que han expresado su intención de ceder espacios para que se celebre la votación. Por ello, las 172 localidades rebeldes, tendrán que prestar declaración como imputados por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
De los 172 municipios, 30 pertenecen a la CUP y ya han asegurado que no declararán ante la justicia. Los alcaldes que no comparezcan, la Fiscalía ya anunciado que ordenará que sean detenidos y puestos a disposición judicial. Estos delitos estarán penados con multa, inhabilitación y, en algunos casos, penas de cárcel.
La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes del 1-O y detenerlos si no comparecen https://t.co/YGe9R5vnrO pic.twitter.com/YXYAK2DRis
— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 13 de septiembre de 2017
Para impedir la constitución de las mesas electorales, Correos no entregará las cartas a los ciudadanos, que por sorteo han sido elegidos para formar las mesas electorales. Además, el Gobierno ha insistido que si acuden a la mesa electoral estarían cometiendo un delito.
Las urnas
Sobre la colocación de urnas, según informó Puigdemont ya disponen de 6.000. Una cifra que los servicios de inteligencia del Estado no se creen. Tras un trabajo minucioso durante las últimas semanas, el CNI asegura que no existen esas 6.000 urnas, aunque recalca que cuentan con algunas procedentes de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
Por si fuera poco, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía que retiren todas las urnas que se instalen el 1 de octubre.
La Fiscalía ordena a los Mossos, la Policía y la Guardia Civil que requisen las urnas https://t.co/WhYKRb6JXS pic.twitter.com/AIjpTeu8pk
— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 12 de septiembre de 2017
Las papeletas
Para el suministro de papeletas, la Generalitat también encuentra numerosos problemas. La Guardia Civil ya dio el primer aviso al revisar la sede de Indugraf para requisar todo el material impreso relacionado con el referéndum. Tanto es así, que desde el Govern han dejado entrever que una posible solución a esto será que cada uno imprima su papeleta en casa.
La Generalitat pide a los catalanes que se impriman las papeletas del referéndum 'desde casa' https://t.co/8kSpIAx9sJ pic.twitter.com/G3keWssXCc
— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 9 de septiembre de 2017
El corte del suministro eléctrico
Por último, el Gobierno ha asegurado que, en caso de que los colegios abran sus puertas el 1 de octubre para votar, los jueces podrían ordenar a las compañías eléctricas el corte del suministro. Además, se cortará también la red de transmisión de datos.
Unas medidas pensadas por si llega a celebrarse finalmente el referéndum, una consulta de autodeterminación que, según ha repetido el Gobierno por activa y por pasiva, no se llevará a cabo porque es "ilegal" y ha sido expresamente prohibida por el Tribunal Constiucional.
Sin embargo, resulta como mínimo curioso y llama poderosamente la atención que desde el Ejecutivo filtren que ya cuentan con autorización judicial para cortar la luz y la transmisión de datos en los colegios electorales, de un referéndum que supuestamente no existe y que jamás va a ocurrir. O algo se nos escapa o el tema no estaba tan controlado como pensaban desde Madrid.
Urgente | La Guardia Civil cierra la web del referéndum... ¡y Puigdemont abre otra! https://t.co/NS5LCPAnrV pic.twitter.com/fEbh1X0K4C
— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 13 de septiembre de 2017
