El que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra durante el proceso secesionista catalán en los meses de septiembre y octubre de 2017, Josep Lluís Trapero, "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".
Así se expresan los tres fiscales de la Audiencia Nacional que redactaron el escrito de acusación contra Trapero y las otras tres personas procesadas por participar, presuntamente, en el proceso independentista de Cataluña.
Los fiscales Miguel Ángel Carballo, Miguel Cuervo y Pedro Rubira acusan al mayor de los Mossos de un delito de rebelión y reclaman cumpla una condena de 11 años de prisión, además de 11 años de inhabilitación absoluta. Conviene advertir de que la juez que instruyó este caso, Carmen Lamela, ya procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal.
La Fiscalía reclama también 11 de prisión e inhabilitación por el mismo delito para el que fuera director de la policía autonómica, Pere Soler, el número dos de la Conselleria d'Interior, César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, cuatro años de prisión por sedición. En su caso, son por los hechos que tuvieron lugar el 20 de septiembre del 2017 durante el registro en la Conselleria d'Esconomia en Barcelona y en el presunto asedio al que fue sometida la comitiva judicial.
El escrito de acusación sostiene que los acusados durante los meses de septiembre y octubre del 2017 "constuyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias", impedir o "dificultar gravemente" el cumplimiento de las órdenes enmanadas por los tribunales de juicia "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista" ideado "conjuntamente" por los máximos responsables del gobierno de Carles Puigemont y el Parlament, así como por los líderes de los grupos parlamentarios y asociaciones independentistas.
De esta manera, a medida que las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña y de los juzgados de instrucción dejaban "patente la inconstitucionalidad del proyecto independentista", el jefe de los mossos, el director de la policía catalana y el número dos de la Conselleria d'Interior, "vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución", dieron "cobertura efectiva" a las actuaciones de "una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas". Al entender de la Fiscalía, el objetivo era "imponer por la fuerza de la masa deerechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del govern de la Generalitat".
Los fiscales consideran que Puig, Soler y Trapero, como mandos superiores que eran de la policía catalana cuando sucedieron los hechos investigados, "se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra".
"Alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección", advierten los fiscales, que dejan claro que "la relación de los altos mandos de los Mossos d'Esquadra con los responsables del indepedentismo de Cataluña se manifestó de forma inequívoca".
A lo largo de un escrito de 94 páginas, los representantes del Ministerio Público hacen un repaso de los hechos que se produjeron los días 20 y 21 de septiembre de 2017 en Barcelona -disturbios ocasionados en el exterior de la Consejería de Economía- y los sucedidos durante la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre del mismo. Según los fiscales, Trapero "diseñó el plan Ágora y las pautas y normas de actuación para el día del referéndum ilegal". En este sentido, la Fiscalía considera que debido a "su relación con los políticos independentistas", el mayor "empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones judiciales y policiales que se estaban realizando".
La acusación no queda ahí. El Ministerio Fiscal tiene claro que Trapero y su teniente "cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas" los días 20 y 21 de septiembre, así como por las asociaciones soberanistas Asociación Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural.
