El Tribunal Supremo inhabilitará a toda la cúpula del procés

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La cúpula del procés podría estar inhabilitada antes incluso de ir a juicio, concretamente para el mes de marzo, si finalmente el Tribunal Supremo decide activar un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal para casos excepcionales.

El artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal permite inhabilitar para cargo público a aquel procesado por rebelión, pertenencia a banda criminal o terrorismo, una vez haya "firme un auto de procesamiento" y haya sido "decretada la prisión provisional". Unas condiciones que podrían aplicarse, en unos dos meses, a la cúpula del procés, expresident de la Generalitat Carles Puigdemont incluido si se activa la euroorden de detención.

Fuentes jurídicas consultadas por los diarios 'El País' y 'El Mundo' avanzan que el juez instructor Pablo Llarena podría tener finalizada a finales de marzo la instrucción del caso que investiga presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación en torno al procés soberanista y que el Tribunal Supremo ya se estaría planteando la opción de inhabilitar a los diputados investigados en el caso, incluso antes de que se emita una sentencia firme en su contra.

La previsible inhabilitación afectaría a Puigdemont y el exconseller Toni Comín que le acompaña en Bruselas, así como a los presos Oriol Junqueras y Jordi Sànchez.

El juez Llarena tomó ayer declaración al ex conseller de Empresa Jordi Baiget, destituido por Puigdemont en julio pasado. Baiget declaró que fue una "irresponsabilidad" convocar un referéndum unilateral. Asimismo, declaró el que fuera director general de los Mossos hasta julio de 2017, Albert Batlle, que afirmó que dejó el cargo porque con la llegada de Joaquim Forn a la Consejería de Interior se abría "una nueva etapa política".

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considera que el procés, en concreto el referéndum ilegal del 1-O, fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Para el magistrado, resulta "evidente" que el importe destinado a la celebración del referéndum "debe atribuirse" al menos en parte al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal.


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