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Mar04232019

Última actualizaciónMar, 23 Abr 2019 1pm

España | Cataluña

El Tribunal Constitucional prohíbe definitivamente el referéndum de Cataluña

constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional acordó este martes anular, por unanimidad, las resoluciones del Parlament aprobadas el pasado 6 de octubre que iniciaban la cuenta atrás para celebrar el referéndum independentista "como muy tarde, en septiembre de 2017", al considerarlos inconstitucionales. Las resoluciones ahora declaradas nulas son los apartados de la resolución 306/XI denominados "El futuro político de Cataluña", "Referéndum", "Referéndum, amparo legal y garantías" y "Proceso constituyente".

El alto tribunal, además, ha deducido testimonio contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la mesa que permitieron la votación, Luis Maria Corominas, Ramona Barrufet y Anna Simó, de Junts Pel Sí, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. De esta forma deja en manos de la Fiscalía la decisión de presentar una querella contra ellos si entiende que su actuación fue constitutiva de un delito de desobediencia al alto tribunal.

El Constitucional entiende que debe ser el ministerio fiscal el encargado de "exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlament, el vicepresidente primero de la mesa, Lluis Maria Corominas, la secretaria primera, Anna Simó, el secretario tercero, Joan Josep Nuet, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, por incumplir el mandato del artículo 87.1" de la ley reguladora del alto tribunal, en el que establece que todos los poderes públicos están obligados a cumplir sus resoluciones.

Es la segunda vez que el Constitucional acuerda enviar unas actuaciones a la Fiscalía. Ya lo hizo el pasado 6 de octubre contra Forcadell por facilitar la votación de las comisión de estudios de la comisión constituyente, cuando ya estaba suspendida por el alto tribunal, y la Fiscalía acabó interponiendo una querella contra la presidenta del Parlament por prevaricación y desobediencal. El Constitucional ha decidido seguir la misma vía, pese a que ya había avalado sus nuevas armas para hacer cumplir sus resoluciones.

Eventuales responsabilidades

Conforme solicitaba el incidente de ejecución de sentencia del Gobierno de Mariano Rajoy, el tribunal ha decidido notificar personalmente su resolución tanto a la presidenta del Parlament, como a los miembros de la mesa, el secretario general de la Cámara y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los demás miembros de su gobierno.

Les advierte de que se abstengan de "realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución" que iniciaba el referéndum unilateral, así como de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o eludir la nulidad" acordad. Les "apercibe de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal".

Las resoluciones que iniciaban la cuenta atrás ya estaban suspendidas cautelarmente desde diciembre en una providencia en la que ya se acordaba, como pedía el Gobierno, advertir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto del Govern de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión" acordada y les recuerda las responsabilidades, incluida la penal, en la que podrían incurrir.

En manos del fiscal

Los acuerdos se aprobaron el mismo día que el Constitucional acordó por unanimidad remitir a la Fiscalía la actuación de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en la votación del 27 de julio con la que se aprobaron las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente que abrían la vía de la unilateralidad.

Entonces, el alto tribunal todavía no había avalado las nuevas armas con las que le dotó el gobierno del PP poco antes de perder la mayoría absoluta. Ahora, en este nuevo incidente de ejecución, podía acordar la suspensión de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones mientras se produce esa situación y acordar la ejecución por otra Administración, pero finalmente ha decidido seguir la misma vía que utilizó en octubre: la deducción de testimonio y la Fiscalía presente una querella si lo considera conveniente, como parecía apuntar en las alegaciones que presentó en el incidente de ejecución del gobierno.

 

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