La mayoría independentista formada por Junts Pel Sí y la CUP en el Parlament aprobó este jueves tres proposiciones para institucionalizar la desobediencia al Estado que conlleva el proceso constituyente de la futura República catalana.
El plan promovido por estas formaciones de la cámara catalana, con la abstención o el voto a favor de algunos puntos de Catalunya Sí Que Es Pot, pasa por incluir a la sociedad civil y a instituciones como ayuntamientos en el debate de este proceso constituyente, por lo que se les anima a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendían las resoluciones relacionadas con las leyes de la desconexión.
El Parlament dio luz verde a realizar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña «como muy tarde» en septiembre de 2017 y con «una pregunta clara y de respuesta binaria».
Las mociones aprobadas con los votos de los soberanistas y de Catalunya Sí Que Es Pot dentro del debate de política general también incluían un texto para que el Parlament responda a «la judicialización del derecho a decidir» por parte del Estado y que según los independentistas cristalizaban en «los requerimientos de la justicia española a cargos electos por diversas expresiones políticas relacionadas con el derecho a la autodeterminación de los catalanes».
De esta forma, la cámara catalana quiere que cubrir a representantes ciudadanos que sean procesados o investigados «por haber exhibido la estelada o por otras votaciones producidas democráticamente en el pleno municipal».
El desafío independentista no se va a quedar en declaraciones institucionales y movilizaciones en la calle ante la actuación de los jueces ante posibles inhabilitaciones. Los partidos soberanistas de Junts Pel Sí y la CUP han organizado toda una estructura para implicar en esta desobediencia a corporaciones como ayuntamientos y a la sociedad civil. Y lo han hecho dándole la cobertura institucional que permiten las proposiciones aprobadas en el Parlament este jueves además de la que insta a convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña.
En otras mociones que tuvieron luz verde el jueves gracias a la mayoría soberanista de Junts Pel Sí y la CUP -incluso en algunos puntos contaron con votos a favor o abstenciones de Catalunya Sí Que Es Pot, la coalición que integra a Podemos y a Iniciativa-, el Parlament se comprometió a pedirle al Govern que en los presupuestos incorpore una partida para empezar con el proceso constituyente hacia la independencia «de base social, transversal, plural, democrático y abierto».
Los soberanistas quieren que este camino empiece con debates a principios del próximo año y con un consejo asesor con expertos del proceso constituyente para asesorar sobre políticas públicas que debe liderar la sociedad civil. Su misión, que no queda especificada en la moción aprobada, podría pasar por controlar la actuación del Govern, aunque la intención pasa por implicar a agentes sociales, como sindicatos, entidades y patronales, para allanar el camino soberanista antes de la celebración del referéndum.
No será el único organismo creado deliberadamente por las fuerzas independentistas con estas mociones sino que también habrá una comisión de seguimiento del proceso constituyente que «velará por la definición y el despliegue del programa, el calendario y los presupuestos» y que podría incorporar a miembros de los dos partidos y del Govern.
Además, el Parlament deberá animar a los ayuntamientos «a impulsar los debates constituyentes desde el ámbito local» para promover la participación de la sociedad civil y utilizando recursos municipales, como espacios públicos.
La resolución garantiza que la discusión sobre la independencia alcance todos los rincones de Cataluña.
Para aprobar estas mociones del Parlament, la mayoría independentista formada por Junts Pel Sí y la CUP modificó la hoja de ruta soberanista que acordaron el 9 de noviembre del año pasado y que daba un plazo de 18 meses para la proclamación de la República catalana.
Ahora el nuevo calendario pasa por el referéndum vinculante del próximo septiembre y «en el caso de que la opción independentista consiga más del 50% de los votos favorables» el Govern está obligado a convocar unas elecciones constituyentes en los seis meses siguientes, por lo que una Cataluña independiente no vería la luz, como muy pronto, hasta marzo de 2018, casi nueve meses después que la primera fecha acordada por las formaciones soberanistas poco después de conseguir la mayoría en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015.
