El Gobierno recurre al Constitucional los Presupuestos de la Generalitat

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El Consejo de Ministros ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2017 por incluir partidas presupuestarias para procesos electorales y consultas populares y para procesos de participación ciudadana.

La abogacía del Estado considera que las citadas partidas vulneran lo dispuesto en la Constitución al pretender desarrollar una actividad que es "competencia estatal" y que consiste "precisamente en un referéndum, y no en un referéndum cualquiera, sino aquel con el que se pretende culminar el llamado proceso constituyente en Cataluña" y ello "pese a que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho a decidir sólo puede ser válido en el marco y con el respeto a los procedimientos establecidos en el vigente orden constitucional".

El recurso del Ejecutivo plantea concretamente la inconstitucionalidad de la disposición adicional 40 en sus dos apartados primero y segundo y de las partidas que hacen referencia a los procesos electorales y consultas populares y a los procesos de participación ciudadana identificadas en los artículos 4 y 9 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat y en el programa 132 del resumen del estado de gastos de la citada ley.

El recurso del Ejecutivo solicita al TC que se decrete la suspensión de dichos apartados y de las partidas presupuestarias que incluyen. Además pide que se notifique personalmente la providencia de suspensión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a cada uno de los miembros del consejo de Gobierno, al secretario del Govern, al secretario general de la Vicepresidencia, a la interventora general de la Generalitat, a la directora de Contratación Pública de la Generalitat y a la directora general de Presupestos.

A todos ellos debe advertírseles de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Y, en particular, que se "abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia, con el fin de cubrir cualquier gasto derivado de la celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada". El Tribunal Constitucional, además, debe apercibirles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia.

El Gobierno solicita que a fin de asegurar "el mayor conocimiento de la providencia de suspensión", ésta se publique inmediatamente no sólo en el Boletín Oficial del Estado, sino también en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno considera que esta impugnación no es una más de las múltiples que se han interpuesto ya contra decisiones y actos de los poderes públicos de Cataluña. Argumenta que en este caso la Generalitat ha actuado "al margen de la legalidad", una legalidad que por otra parte, ha sido incluso recordada por el Consejo de Garantías estatutarias de Cataluña y por los propios servicios jurídicos del Parlament.

Esta vez, mantiene el Ejecutivo, "se pretende culminar el llamado proceso constituyente en 2017 y para ello un elemento esencial es la celebración del referéndum. Dicha consulta precisa para su realización de financiar los gastos propios de su organización por la Generalitat, y la ley cuya impugnación se insta pretende, precisamente, servir a este objetivo".

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