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La Comunidad Musulmana denuncia al Estado: exigen poder viajar a sus países y seguir cobrando ayudas sociales

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Aquí, hasta el más tonto hace relojes. El presidente de la comunidad musulmana en Castilla y León, se ha mostrado muy crítico con la regulación «limitadora» de la normativa que, a su juicio, regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, una ayuda que presta la Junta a la población en riesgo de exclusión, como inmigrantes y desempleados.

Según publica El Norte de Castilla, Mohammed El Mizeb denuncia que los refugiados «sentimos que estamos dentro de una gran cárcel en Castilla y León», por los corsés que constriñen las opciones de salir de la comunidad autónoma hacia sus países de origen mientras están cobrando ayudas sociales.

Presentada su denuncia, espera la respuesta positiva hacia sus intereses de la Administración autonómica o de lo contrario, no descarta emprender movilizaciones e incluso recurrir a la vía judicial, asegura.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia, conoce las demandas. Es consciente de las reivindicaciones y necesidades que se han puesto sobre la mesa en los últimos tiempos. Lo cierto es que el movimiento de ficha iniciado por la comunidad musulmana ha arrastrado a «otras entidades sociales y asociaciones» que han secundado con su adhesión la campaña de recogida de firmas puesta en marcha por la federación castellana y leonesa. Puestos a pedir, que no quede.

Tal y como publicó MEDITERRÁNEO DIGITAL, las restricciones se impusieron a raiz de que la Administración detectó numerosos casos de musulmanes que, cobrando ayudas sociales como parte de un itinerario laboral, se marcharon a sus países de origen para pasar las vacaciones de verano. Es curioso, ya que muchos han llegado a nuestro país precisamente con el estatus de refugiados, ya que supuestamente son perseguidos políticos o viven en lugares de conflicto armado. 

Según Mohammed El Mizeb, la Junta de Castilla y León se va a encontrar con más de 1.500 apoyos recabados. Con ese aval ciudadano se dirigen a las instituciones. En la actualidad –argumenta la comunidad musulmana– hay unos supuestos contemplados por el decreto ley 1/2016 de 14 de abril, que especifica los casos en los que se permite la salida de la comunidad a un beneficiario de la renta. Uno es por «enfermedad grave de un familiar» y el otro se refiere a una genérica «fuerza mayor», apunta en la petición.

El portavoz musulmán cree que hay que ampliar los supuestos contenidos en las causas de «fuerza mayor». En este sentido, hace hincapié en la «necesidad de conservar y fortalecer los vínculos familiares». El Mizeb ilustra esta demanda con la queja de que «muchos niños no han podido ver o conocer a sus familiares, sobre todo a sus abuelos, que viven en el extranjero». 

El documento que deberá estudiar la Junta también incorpora propuestas de la federación en su ánimo de modificar el articulado de la norma que regula la concesión del apoyo. Así, reclama la salida del territorio de Castilla y León «por lo menos quince días al año sin necesidad de ningún justificante, entendido como periodo vacacional y de encuentro familiar y de recuperación de fuerzas, tal y como sucede con la prestación o el subsidio por desempleo o en cualquier empleo».

El Mizeb reclama la aplicación de los «derechos humanitarios más elementales» y asumir otros motivos que justifiquen la ausencia de la región. Si la estancia fuera supera los quince días al año y no llega a los tres meses, «el perceptor podrá pedir a través del modelo oportuno la suspensión de la renta, pero a la vuelta volverá a percibir la prestación directamente, previa solicitud de reinicio y sin necesidad de presentar la documentación de nuevo», solicita la comunidad

«También proponemos revisar varios artículos de la ley que dificultan el acceso real y efectivo a la Renta Garantizada de Ciudadanía», agrega la federación. En este sentido, insta a que se acorte a un mes «el plazo excesivo de seis meses para poder presentar una nueva solicitud desde la fecha de resolución de extinción» de la ayuda. Asimismo, sugiere graduar la penalización por incumplir las condiciones... y poder seguir cobrando.

Si tanto les molesta seguir las opresoras normas del país que les está pagando un subsido cada mes, simple y llanamente por el mero hecho de estar vivos: ¿han pensado quizás en ponerse a trabajar, o emprender un negocio, y así no tener que estar sometidos a ninguna restricción? Es solo una idea. Por si no se les ha ocurrido. Que luego no digan que no somos solidarios. De nada.

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