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España | Casa Real

Torrent aplaza el Pleno de investidura de Jordi Sànchez

torrent

Los pronósticos se cumplieron. Roger Torrent ha decidido no desobedecer a la Justicia, como le reclamaba la CUP, y ha dictado el aplazamiento del pleno para investir a Jordi Sànchez después de que el Tribunal Supremo denegara al ex líder de la ANC el permiso para acudir al Parlament y ser elegido. Lo explica en su crónica el diario El Mundo.

El presidente de la Cámara catalana comunicó que no volverá a convocar la sesión hasta que se resuelva el recurso que el letrado del candidato presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa de Sànchez solicitará al Alto Tribunal afincado en Estrasburgo la libertad cautelar del presidenciable elegido por Carles Puigdemont.

Es la segunda vez que Torrent aplaza un pleno de investidura en esta abrupta legislatura. El pasado 30 de enero, el presidente republicano del Parlament aplazó sine die el pleno de investidura en el que iba a «restituirse» a Puigdemont sólo unas horas antes de la hora en la que había sido fijado. En aquella ocasión fue el veto del Tribunal Constitucional a la elección telemática del candidato prófugo lo que frenó a Torrent, que quiere evitar a toda costa acabar imputado por desobedecer a la Justicia como su antecesora en el cargo, Carme Forcadell.

Este nuevo aplazamiento prolonga el bloqueo político en Cataluña, pues todavía no ha empezado a correr el reloj que aboca a una repetición electoral. Para ello es necesario que se produzca una votación en un pleno de investidura. Otra posibilidad, cada vez más plausible, es que el Constitucional obligue a Torrent a activar la cuenta atrás. Así lo han reclamado tanto Ciudadanos como el PSC con un recurso de amparo.

La decisión del presidente del Parlament se precipitó después de que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, denegara ayer a Sànchez la petición de salir de la cárcel. Tampoco le concedió un permiso especial para acudir al pleno del Parlament y ser investido president. El juez decidió mantener la prisión provisional sin fianza para Sànchez por riesgo de reiteración delictiva al considerar que los delitos de sedición, rebelión y malversación que se le imputan se desplegaron, precisamente, desde el Govern y el Parlament. Llarena tiene claro que las acciones ejecutivas y legislativas que protagonizaron los poderes catalanes fueron «claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente».

Llarena afirmó que hay más pruebas que apuntan a la participación de Sànchez en acciones para conseguir la república catalana al margen de la legalidad. También resalta su integración en la candidatura de Junts Per Catalunya, advirtiendo de que «se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república». Pese a reconocer que no se buscó un desafío violento, el juez destaca que los investigados -entre ellos, el candidato a presidir la Generalitat-, «hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace. Y si aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intencional utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas».

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