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España | Casa Real

¿La Justicia es igual para todos? La Infanta Cristina no irá a prisión

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El tribunal del caso Nóos se inclina por imponer una pena de entre siete a diez años de prisión a Iñaki Urdangarin y, como mucho, una multa a la infanta Cristina, como partícipe a título lucrativo de los delitos fiscales cometidos por su marido.

De confirmarse el criterio del sector mayoritario del tribunal, se verá sensiblemente rebajada la petición de pena de la Fiscalía y quedarán rebatidas las tesis del sindicato Manos Limpias, que como acusación popular solicitaba ocho años de cárcel para la infanta. Todo apunta a que Cristina de Borbón en ningún caso llegará a pisar la prisión.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach solicita para Iñaki Urdangarin una pena de 19 años y medio de cárcel por los siguientes conceptos: un delito continuado de malversación en concurrencia con los delitos de prevaricación y falsedad documental (6 años de cárcel), un delito continuado de fraude a la Administración (dos años), un delito continuado de estafa (tres años y medio), dos delitos fiscales (tres años por cada uno de ellos) y un delito de blanqueo (dos años de cárcel y multa de 2,4 millones).

Discrepancias entre las tres magistradas

El sector mayoritario del tribunal (formado por las magistradas Samantha Romero y Eleonor Moya) es partidario de eximir a Urdangarin del delito de prevaricación y de uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, además de revisar a la baja la calificación de su delito de estafa. Todo ello dejaría la pena impuesta al marido de la infanta Cristina por debajo de los diez años de cárcel.

Sin embargo, la tercera magistrada del tribunal, Rocío Martín (hija del ex concejal de IU en Calvià Anselmo Martín) se opondría a aplicar una rebaja tan sustancial de las penas, que afectaría también a la propia infanta Cristina y al socio de Urdangarin, Diego Torres.

Estas diferencias de criterio son las que llevaron a la presidenta del tribunal, Samantha Romero, a solicitar el pasado mes de noviembre un plazo adicional de tres meses (que concluye en marzo) para terminar de redactar la sentencia, con el fin de consensuar el fallo.

Se apropiaron de 6,2 millones

Para resolver estas discrepancias, no se descarta que las magistradas Samantha Romero y Eleonor Moya cedan y acepten revisar al alza las penas previstas inicialmente (lo que situaría la condena impuesta a Urdangarin y Diego Torres por encima de los diez años de cárcel).

En caso contrario, no se descarta que la magistrada Rocío Martín (que se incorporó a la sala en sustitución del juez Juan Pedro Yllanes, hoy diputado de Podemos en el Congreso) se desmarque de sus dos compañeras y firme un voto particular.

Todos los esfuerzos de la ponente y presidenta del tribunal, Samantha Romero, están centrados ahora en evitar esta posibilidad, para sacar adelante el fallo con el mayor consenso posible. Además de las penas de cárcel citadas, el fiscal Horrach pide una multa de 980.777 euros para Iñaki Urdangarin (por las cuotas defraudadas en los ejercicios 2007 y 2008 a través del IRPF) y otra de 1,1 millones para Diego Torres.

Ambos socios están acusados de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, delitos fiscales, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales por apropiarse de 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas (el Govern balear, las instituciones valencianas y el Ayuntamiento de Madrid).

La infanta, partícipe a título lucrativo

La infanta Cristina se ha sentado en el banquillo acusada de ser cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales cometidos por su marido a través de Aizoon, la sociedad que compartían al 50%. Sólo la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias la llevó al banquillo: solicitaba para ella una pena de ocho años de cárcel (cuatro por cada delito fiscal).

Sin embargo, todo apunta a que el tribunal que preside Samantha Romero asumirá la tesis de la Abogacía del Estado, que reclama a la infanta 163.462 euros en concepto de responsabilidad civil, como partícipe a título lucrativo de las cantidades que defraudó su marido.

No habrá, por tanto, pena de prisión para la hermana del Rey Felipe VI, en contra de lo que reclamaba Manos Limpias. Por su parte, la Fiscalía considera que la infanta ya ha saldado sus deudas con la Justicia, al depositar los 587.41 euros que le reclamaba.

Ya en la presentación de sus conclusiones finales, el fiscal Horrach rebajó sensiblemente, de 11 a 5 años de prisión, la solicitud de condena para el ex presidente del Govern Jaume Matas, acusado de malversación y fraude.

El palacete de Jaume Matas

Para ello, el fiscal solicita que se tenga en cuenta que el político popular ha colaborado con la Justicia revelando "datos trascendentales" para esclarecer la trama y, con el fin de reparar el daño causado, ha depositado 865.000 euros con la venta del palacete que compró gracias a las comisiones ilegales que cobraba.

En cualquier caso, Matas tiene garantizado su ingreso en prisión (ya cumplió una pena de nueve meses en el centro penitenciario de Segovia) y todavía debe hacer frente a al menos una decena de procesos, correspondientes a las distintas piezas del caso Palma Arena.

Las mismas fuentes apuntan que las penas impuestas por el tribunal rondarán los dos años de cárcel para los principales imputados de la rama valenciana del caso Nóos: Alfonso Grau (ex vicealcalde de Valencia), Luis Lobón (ex secretario de Turismo de la Comunidad Valenciana), José Manuel Aguilar (ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias) y Jorge Vela (ex director del Instituto Valenciano de Finanzas). Las penas que la Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos rondan los 11 años de cárcel.

También podría beneficiarse de una notable reducción de pena el contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, quien en las conclusiones finales se libró de la acusación de blanqueo de capitales. La Fiscalía retiró la petición de dos años de cárcel para él y la sustituyó por una multa de 9.180 euros.

Rebajas para los hermanos Tejeiro

Por su parte, el sindicato Manos Limpias revisó su petición de pena para Marco Antonio Tejeiro, de 11 años a tan sólo 12 meses de cárcel sustituibles por multa, y retiró la acusación contra Miguel Tejeiro por considerar que ha colaborado con la Justicia.

En cuanto a la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen, la Fiscalía también rebajó la petición de pena de 6 años y medio a 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa. Está acusada de los delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración.

 

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