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La Fiscalía pide al Supremo la 'suspensión inmediata' de los presos independentistas

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado al tribunal del juicio del "procés" a reclamar a las mesas del Congreso y Senado a la suspensión "inmediata" de los cargos de los parlamentarios presos que tomaron ayer posesión de sus escaños: Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) en el Cámara Baja y Raül Romeva en la Cámara Alta.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena invocan el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el mismo que se aplicó para suspenderlos en su condición de miembros del Parlament, que estipula que cuando un preso preventivo sea procesado por un delito de rebelión se acordará la suspensión cautelar del cargo mientras dure la situación de privación de libertad.

En el escrito remitido al tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, el Ministerio Público sostiene que "para la efectividad y cumplimiento de la citada previsión legal ambas cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones" de los cuatro parlamentarios. Y es que los fiscales recuerdan que "la obligada adopción por imperativo legal de la medida de suspensión de funciones" en el cargo público cuando concurran los requisitos previstos en la norma "ha sido avalada por el Tribunal Constitucional" en la resolución del pasado 21 de marzo de 2019 en la que denegó la suspensión de esa medida cautelar que reclamaban los procesados.

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Por tanto, la Fiscalía hace hincapié en la "necesidad" de comunicar a las Mesas del Congreso y del Senado que una vez los procesados electos "hayan tomado posesión de sus escaños y consolidado sus derechos de participación política" deben proceder "a la aplicación inmediata de la suspensión de sus funciones" prevista en el referido precepto de la Lecrim, por lo que deben "adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad" a ese mandato legal.

En apoyo de sus tesis, el Ministerio Público cita la actuación del magistrado que instruyó la causa del 1-O. Tras dictar el auto de procesamiento, el juez Pablo Llarena comunicó al Parlament -por entonces eran parlamentarios autonómicos- que la ley imponía esa suspensión. Y añade que el Tribunal Constitucional avaló en marzo la suspensión de funciones, cuando rechazó suspender la aplicación de la medida que habían reclamado los afectados.

El artículo que el fiscal pide aplicar de forma inmediata, y que el escrito reproduce en su arranque, establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por [...] individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

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