¡Exprópiense! Baleares empieza a expropiar viviendas privadas para dárselas a los inmigrantes

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El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol acaba de expropiar 56 viviendas vacías a sus propietarios, para destinarlas durante los próximos siete años a alquileres sociales.

Se trata, presume la Conselleria balear de Vivienda, de una medida pionera en España, fruto de la Ley 5/2018 de 19 de junio, que permite al Gobierno insular hacerse con las viviendas que desde hace meses ha ido inscribiendo en un registro de grandes tenedores. En los próximos días la resolución se publicará en el BOIB, se notificará a los grandes tenedores la expropiación de uso, y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones.

"A pesar de que hay algunas comunidades que tienen figuras similares, la mayoría están en fase de detección de pisos vacíos, y no se ha producido ninguna medida de cesión obligatoria de viviendas del alcance de la que hoy se inicia Baleares", apuntó el conseller balear de Vivienda, Josep Marí Ribas.

Se consideran viviendas vacías las que llevan más de dos años en desuso sin causa que lo justifique, y son propiedad de personas físicas o jurídicas dedicadas al sector inmobiliario que sean titulares de diez o más inmuebles. Estas primeras 56 viviendas ya habían sido visitadas por personal técnico de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que las consideró adecuadas por sus dimensiones, características y estado, para incorporarse al parque de vivienda social.

Se trata de una de las iniciativas más innovadoras y agresivas de la Ley de la vivienda de las Islas Baleares, con el fin de poner en circulación parque de vivienda "donde hay necesidad objetiva", explica la Conselleria.

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El registro de viviendas vacías llegó a contar con 1.400 inmuebles, de los que ahora apenas quedan 700, después de que los propietarios sacaran muchas al mercado en previsión de que el Gobierno balear pudiera expropiarlas.

El ejecutivo autonómico, en manos de PSOE, Podemos y los ecosoberanistas de Més, llego a abrir una veintena de expedientes sancionadores a grandes propietarios por no haber registrado sus viviendas, o por no colaborar para que los inspectores accedieran y revisaran los inmuebles.

La mayoría se encuentran en la isla de Mallorca, 27, mientras que 23 están en Menorca y seis en Ibiza. En concreto, once en Palma, once en Inca, dos en Llucmajor, dos en Manacor y una en Calvià. Las de Menorca están 17 en Ciutadella y seis en Maó. Mientras que las ibicencas están repartidas por casi todos los ayuntamientos de la isla.

"Permite sacar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de quien más lo necesita, de forma que retorna la función social de la vivienda, que se incumple teniendo los pisos cerrados", apunta Marí Ribas.

Los propietarios recibirán una compensación durante los siete años que la vivienda esté en alquiler social. Para este primer paquete se prevé un montante de 1,8 millones de euros, que recibirán en un único pago.

El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas es "considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la Comunidad", que fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que el que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.

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Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler adaptado a su bolsillo, de forma que nunca supere el 30% de sus ingresos.

Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Govern pagará al gran tenedor es de 408 euros al mes. La previsión total es de 926.000 euros en compensación por la cesión. En Menorca el precio medio que se pagará será de 336 euros mensuales (649.000 euros por la compensación al gran tenedor). Y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto: 530 euros mensuales (266.000 euros para la indemnización a los grandes tenedores).

"La Ley de la Vivienda de Baleares se ha convertido en la primera ley progresista a nivel de toda España que no será objeto de recurso de inconstitucionalidad, porque la Abogacía del Estado y también el Consejo Consultivo reconocen el planteamiento de la obligación de los grandes tenedores de ceder las viviendas que estén vacías", apuntó en mayo de 2019 el entonces conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons durante la presentación del decreto.

El PP, por su parte, denunció en su momento el proyecto de Ley de Vivienda al considerarlo "intervencionista", y que "vulnera la propiedad privada".

El Govern, anuncia, sigue una segunda línea de acción respecto de los pisos de los grandes tenedores: el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las operaciones de disposición de viviendas entre los grandes tenedores. Al mismo tiempo, refuerza el control sobre los grandes tenedores, con sanciones más graves por los incumplimientos.

El objetivo es, por esta segunda vía, adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social. De momento, se ha iniciado ya el proceso de adquisición por esta vía de ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Es Mercadal.

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