La familia de una fallecida por Covid-19 presenta una querella contra Fernando Simón por homicidio

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La familia de una fallecida por coronavirus ha presentado una querella por homicidio imprudente, delito contra derechos de los trabajadores y falsedad en documento público contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El escrito le responsabiliza de las muertes por Covid-19 por sus "directrices erróneas sobre la pandemia". Además de la apertura de la investigación, los familiares piden al juez que acuerde como medida cautelar para evitar una fuga la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, dado que la condena a prisión podría ser elevada y que Simón ha residido durante años en el extranjero ("en países africanos").

"Entendemos que la mayor parte de la responsabilidad se debe a que el asesor experto del Gobierno, el querellado, ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a toda población que el impacto del Covid-19 en nuestro país sería mínimo", dicen los dos familiares de M.J.G.C., que falleció en Móstoles (Madrid) el pasado 19 de marzo.

Añaden que esas directrices resultaron "fatales, pues provocaron que de forma generalizada se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud".

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Denuncias contra el Gobierno

La querella se suma a otras que de forma particular o a través de asociaciones se han presentado contra Simón y otros supuestos responsables de la situación, incluido el Gobierno.

En este caso, para sostener la responsabilidad del experto de Emergencias Sanitarias, la querella se apoya en los criterios que empleó el Tribunal Supremo en la sentencia del caso Madrid Arena, donde hubo condenas por homicidio imprudente.

La querella recuerda algunas afirmaciones públicas de Simón, como ésta del 31 de enero: "Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será una transmisión muy limitada y muy controlada".

El escrito sostiene que "lo importante es que el retraso en la advertencia a la población de la verdadera magnitud, cuando informes de otras Administraciones o de la OMS, o el estado de la situación de Italia [...] obligaba a extremar todas las cautelas y acopiar con urgencia materiales de prevención individuales y colectivos. Es la teoría que usa el Tribunal Supremo en el caso Madrid Arena y en todas las sentencias allí citadas del incremento del riesgo, lo que genera la responsabilidad criminal del querellado".

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La acusación de haber cometido un "masivo delito contra los derechos de los trabajadores" se basa en que su actuación llevó a que los diversos ministerios no se aprovisionaran "con tiempo" de medios de protección individuales y colectivos, "especialmente de funcionarios y empleados del sector público".

Y la imputación de la falsedad documental responde a que Simón habría ofrecido "datos falsos" de los muertos por la Covid-19. "Señalamos esto porque el número de fallecidos, frente a lo por él expuesto, podría ser el doble o más", dice la querella, que incluye los datos en esa línea ofrecidos por los tribunales superiores de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

"Dicha falsedad habría impedido a la población, sobre todo en las fases más tempranas, alcanzar a comprender la verdadera magnitud de la pandemia en nuestro país y a, al menos, adoptar medidas de autoprotección y distanciamiento social", concluye la querella.

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