Un país de gilipollas: el Constitucional anula la Ley que reconocía a Aragón como 'nacionalidad'

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Un país de gilipollas: el Constitucional anula la Ley que reconocía a Aragón como 'nacionalidad'

lamban

El Tribunal Constitucional ha declarado nulos, total o parciamente, 23 de los 34 artículos y tres disposiciones de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón. Esto supone invalidar de facto la ley aprobada hace poco más de un año por las Cortes aragonesas a iniciativa del Gobierno del socialista Javier Lambán, que consideraba a Aragón como una nacionalidad histórica de naturaleza foral.

Fue el PP quien recurrió la citada ley ante el Constitucional al entender que suponía "un despropósito jurídico que subvierte las reglas más básicas del Derecho". Luego también se sumó al recurso el Gobierno central. En la sentencia, el Constitucional ha atendido el grueso del recurso, pero sin llegar a declarar la ley nula en su integridad como pedía el Partido Popular.

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A lo largo de sus 56 folios, la sentencia incide en que la norma aragonesa no sólo contraviene principios constitucionales, sino el propio Estatuto de Autonomía de Aragón. El capítulo referido a la nacionalidad y los derechos históricos es el que merece los mayores reproches del Constitucional, que rechaza de forma taxativa que Aragón sea una nacionalidad histórica de naturaleza foral. Al mismo tiempo, niega que se puedan hacer extensivos los derechos reconocidos a los territorios históricos recogidos en la Constitución.

Igualmente, considera inconstitucional el carácter originario e imprescriptible de los derechos históricos del pueblo aragonés, dado que los harían "inmunes a la fuerza de obligar de la Constitución". También desmonta otro de los pilares del capítulo II, dedicado a los símbolos de Aragón.

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Las banderas de España y Aragón

La norma fija que la bandera autonómica ocupe el lugar preferente en los edificios públicos, pero el Alto Tribunal recuerda que la utilización conjunta de la bandera sólo puede ser regulada por el Estado y el precepto contraviene una ley nacional de 1981 que ya establece la preeminencia de la bandera española en todos los edificios públicos.

Respecto al patrimonio, el Constitucional niega el derecho histórico a que regresen todos los bienes fuera de la Comunidad o el establecimiento de un derecho preeminente en la dirección y gestión del Archivo de la Corona.

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Así, puntualiza que "las iniciativas autonómicas orientadas a la recuperación de bienes del patrimonio histórico no pueden consistir en actos de imperio de un poder público fuera de los límites de su territorio".

Otra de las cuestiones sustanciales reguladas en la citada ley era la de considerar el agua como "patrimonio común de Aragón" y la de establecer la recuperación de su gestión. El Constitucional sostiene que la norma aragonesa "desconoce" que toda las aguas superficiales y subterráneas "forman parte del dominio público estatal". Además, señala que asumir la gestión por parte de las instituciones aragonesas "traspasa los límites" fijados en una sentencia del propio tribunal de 2017.

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