Chaves y Griñán, imputados por el caso de los ERES de Andalucía
Última actualizaciónVie, 03 Abr 2020 9pm

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Chaves y Griñán, imputados por el caso de los ERES de Andalucía

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El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de su Gobierno, entre ellos seis exconsejeros.

En un auto de un centenar de páginas, el juez procesa a los expresidentes de la Junta y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política' de la causa.

El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo.

En esta pieza permanecían imputados 51 ex altos cargos y ex miembros del consejo rector de la agencia IDEA, pero el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

En un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado procedimiento específico contra un total de 52 personas, aunque el ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía falleció durante la instrucción.

De este modo, la magistrada incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de todos ellos en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico "en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta en el seno del Control financiero permanente del IFA/IDEA".

'No era posible desconocer los hechos'

Según explica el auto: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

El juez aprecia "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".

 


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