No existe otro Estado en todo el planeta que esté dedicado con tanto empeño como el español a su propio desmantelamiento. Normalmente, los Gobiernos, en la medida que se saben y se quieren guardianes de las naciones sobre las que ejercen su poder ejecutivo y en las democracias parlamentarias también en gran medida el legislativo, procuran mantener e incrementar su capacidad de dirigir los asuntos públicos y de hacer visible y efectiva su presencia dentro de sus fronteras. Sorprendentemente, nuestro sistema político e institucional fruto de la Transición y encarnado en la Constitución de 1978, ha tenido el efecto contrario. Desde el momento mismo del tránsito del autoritarismo a la democracia y a lo largo de cuatro décadas de forma ininterrumpida, con etapas de pausa y ralentización y otras de aceleración, pero siempre sin marcha atrás, los sucesivos inquilinos de La Moncloa han rivalizado en la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas con especial atención a Cataluña y al País Vasco, precisamente los dos territorios con los que hubieran debido ser más cautos a la hora de proporcionarles instrumentos de autogobierno, como la experiencia ha demostrado amargamente.
