Última actualizaciónMar, 02 Jun 2020 2pm

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  • 'Se alquila piso a cambio de sexo'

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    Encontrar un piso compartido en pleno barrio de Justicia, en el centro de Madrid, por 100 euros puede parecer una ganga. Es uno de los distritos más caros de la capital –el precio del metro cuadrado supera los 5.000 euros–. Sin embargo, las «claúsulas» del contrato impuestas por el casero pueden hacer cambiar de opinión e, incluso, que el precio parezca demasiado caro. «Baño hidromasaje, cocina moderna y equipada, zona muy tranquila y bien comunicada»... a cambio de «compañía». Un eufemismo bajo el que se esconde la condición de mantener sexo a cambio de una cama por la que, además, hay que pagar.

  • 5.000 personas esperan un alquiler social mientras hay 2.000 viviendas okupadas

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    La Comunidad de Madrid cifra en 5.000 personas la lista de espera para acceder a una vivienda social en la región y calcula que más de 2.000 de estos inmuebles de titularidad pública se encuentran en este momento okupados.

  • 90.000 euros de multa si no le alquilas tu piso a un inmigrante

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    El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador de 90.000 euros al portal inmobiliario Idealista y a la inmobiliaria The New House Barcelona por publicar como requisito en un anuncio de alquiler que la persona arrendataria debía ser española.

  • Desmantelan un piso con más de 100 magrebíes para cobrar ayudas sociales

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    La Policía Nacional ha detenido a seis personas que, presuntamente, gestionaban un alquiler fraudulento en un piso de la ciudad de Tarragona para poder hacer empadronamientos ilegales.

  • El Gobierno podrá obligarte a alquilar tu vivienda a inmigrantes, gitanos o víctimas de violencia de género 'por interés nacional'

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    El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha publicado en el BOE de este sábado 11 de abril una orden ministerial para modificar el Plan Estatal 2018-2021, en el que abre la puerta a la ocupación de las segundas residencias. De esta manera, el Gobierno autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios a dar "una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".

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