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Sáb01212017

Última actualizaciónVie, 20 Ene 2017 9pm

Prohibido el español: la Generalitat ordena que las emergencias médicas atiendan sólo en catalán

sem

Las órdenes de la Generalitat en materia lingüística son escuetas, directas y, sobre todo, de obligado cumplimiento. La imposición del catalán y la erradicación del español en la escuela, los medios de comunicación y la administración pública catalanas son los grandes ejes de una "política" que no sólo regula las relaciones lingüísticas en los ámbitos públicos, sino que reparte instrucciones y consignas para cuestiones tan insospechadas como la atención y gestión de las emergencias médicas. Y para que se cumplan las directrices vale todo, hasta realizar escuchas aleatorias de las comunicaciones entre el personal de las ambulancias y los centros de coordinación.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) es la empresa pública de la Generalitat que se encarga de las urgencias extrahospitalarias. Del SEM depende la subcontratación de ambulancias y personal sanitario, así como su coordinación. También el que en las emergencias, urgencias y atención a enfermos y heridos se hable en sólo en catalán, como demuestra la circular de una de las empresas contratadas por la Generalitat para cubrir el servicio de ambulancias en Barcelona, Hospitalet y Reus.

Los destinatarios de la instrucción son los "gestores de recursos", los operadores telefónicos que se encargan de coordinar los servicios de las ambulancias. La nota, un "manual de estilo", establece los protocolos lingüísticos a tener en cuenta: "Os recordamos que el catalán (palabra en versales, negrita y subrayada, como se puede apreciar en el documento original) es el único idioma autorizado por el SEM para la comunicación diaria con las unidades (alude a la dotación humana de las ambulancias, técnicos sanitarios y conductor), tanto por emisora como por teléfono".

Continúa el texto: "Es de obligado conocimiento y uso por todos los gestores, independientemente del idioma que utilicen las unidades para dirigirse a CECOS (siglas de central de emergencias de coordinación sanitaria, donde trabajan los "gestores").

Como toda norma, ésta también tiene su salvedad: "La única excepción a este protocolo se produce en la emisora de ACD (siglas de Activación de Coordinación Domiciliaria) de la sala Barcelona, por su situación específica". La "situación específica" se refiere a que la mayoría de los médicos que trabajan en la capital catalana para el SEM no entienden el catalán, básicamente porque son recién llegados a España. Muchos conductores de ambulancia tampoco lo entienden, pero en su caso el SEM y las empresas contratadas no hacen la vista gorda y están obligados a utilizar "el único idioma autorizado por el SEM".

Los operadores telefónicos de las emergencias médicas en Cataluña pudieron constatar que se les sometía a "escuchas selectivas" en su trabajo cuando se bajó la nota de calidad de servicio a los que habían hablado en español con conductores y técnicos sanitarios. Los "gestores" alegan que muchos conductores no entienden los nombres de las calles o la descripción de la urgencia en catalán y que les hablan en castellano para facilitar la rapidez de la intervención. Sin embargo, la Generalitat es inflexible en el punto del catalán, de "obligado conocimiento y uso", afirmación que no está sustentada en ninguna ley, ni autonómica ni mucho menos estatal.

Tampoco considera la administración de CiU una alegación válida la eficacia en el servicio o el hecho de que sus instrucciones puedan tener un coste en vidas humanas mientras un operador y un conductor entran en un bucle telefónico porque no se entienden. El catalán es el "único idioma oficial". Los incidentes en la gestión de las emergencias médicas son un expediente más de una sanidad al borde del colapso, ahogada financieramente por la Generalitat, y en la que las irregularidades administrativas están a la orden del día, con gerentes que cobran durante diez años pese a haber cesado, investigaciones judiciales, adjudicaciones bajo sospecha y un deterioro imparable de la atención a los ciudadanos.

Pablo Planas | Libertad Digital

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