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Indignación entre los eurodiputados españoles, que serán obligados a tributar sus impuestos en nuestro país

eurodiputados

El Ministerio de Hacienda está empezando a poner coto al chollo fiscal de los eurodiputados españoles, la mayoría de los cuales tan sólo tributa el 22% que le retiene la Unión Europea, olvidándose de los al menos 13 puntos de tramo que les correspondería satisfacer en nuestro país.

Los eurodiputados ganan 8.020 euros brutos mensuales -sin contar los 300 euros diarios de dietas, exentos fiscalmente-, cantidad que se queda en unos 6.250 euros líquidos tras la retención que les practica la UE. Pero la mayor parte de nuestros 54 representantes en Estrasburgo se niega a tributar su sueldo en España, es decir, los 13 puntos comprendidos entre el 22% comunitario y el 35% del tipo de un diputado europeo raso.

La mayoría de los actuales eurodiputados españoles se niega a tributar su sueldo en España y sólo satisface el 22% que les retiene la UE. Los miembros del Parlamento de Estrasburgo que sortean la Hacienda española se benefician del limbo legal en que quedó su situación fiscal tras la entrada en vigor, en 2009, del Estatuto del Diputado de la UE.

Los miembros del Europarlamento que optan por no contribuir al sostenimiento de la Hacienda española se ahorran 10.000 euros anuales como mínimo. Un representante raso cobra 8.020 euros brutos mensuales por 12 pagas y 6.250 netos una vez descontada la retención del 22% que les practica la UE. Los que sí cumplen, «por ética y por estética», con el fisco patrio tienen que abonar otros 1.000 euros, por lo cual su salario líquido se queda en algo más de 5.000 euros/mes. Los que no, obviamente, se meten en el bolsillo los 6.250 euros mencionados. En esta cantidad no se incluyen los 300 euros diarios que perciben en concepto de dietas.

Los españoles abonaban hasta el 2009 sus impuestos al correspondiente tipo español porque su salario se lo abonaba el Congreso de los Diputados. Todo cambió radicalmente con la aprobación, en 2005, del Estatuto del Diputado y su posterior aplicación a partir de la legislatura 2009-2014. El objetivo no era otro que evitar las diferencias entre países ricos y pobres: los eurodiputados alemanes percibían 20.000 euros brutos mensuales, los italianos 18.000 y los españoles unos 5.000. Desde 2009 no hay eurodiputados de primera y de segunda, al menos económicamente hablando. Y sus remuneraciones corren a cargo de Bruselas.

El artículo 12 del reglamento interno de los 751 eurodiputados (54 de ellos, nacionales españoles) adjudica a cada Estado la facultad de someter los salarios «a las disposiciones del Derecho fiscal nacional», a condición obviamente «de que se evite la doble imposición».

La mayoría se negó a cumplir fiscalmente con la Agencia Tributaria española, al considerar que sus obligaciones quedaban finiquitadas con el abono del 22% a la UE. Finalmente, José Manuel García-Margallo, ahora canciller español y entonces eurodiputado, y Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento, se encargaron de negociar el procedimiento a seguir. Algo en parte lógico toda vez que ambos son inspectores de Hacienda. Los dos mantenían que no era necesario tributar en su país.

La que finalmente llevó la voz cantante ante el Gobierno de España fue la todavía vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) e imputada por los ERE. Hacienda empleó unos términos tan ambiguos -se podía sostener tanto una tesis como la contraria- que Álvarez y Margallo se ratificaron en sus tesis iniciales. Parte de sus huestes optaron por hacer caso a sus asesores fiscales y sí incluir en sus declaraciones de IRPF la diferencia entre lo abonado en Bruselas y lo que tocaba en España. A día de hoy, más de la mitad de los eurodiputados españoles continúa acogiéndose a la fórmula Maleni, lo que les supone quedarse con los más de 10.000 euros por cabeza que sus compañeros cumplidores sí ingresan en las arcas del Estado.

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