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Madrid paga 2.100 euros a cada okupa para que se vaya de casa

okupas

Encasa Cibeles, la empresa que gestiona los 2.935 pisos del Ivima adjudicados al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, está pagando hasta 2.100 euros de ayudas económicas a las familias okupas del PAU de Vallecas para que se marchen de las casas que han usurpado. La compañía reconoce que gracias a este nuevo marco estratégico ya se ha colaborado económicamente con 15 familias que han abandonado los pisos y han eludido el desahucio tras el litigio judicial.

Para conceder este dinero un equipo de mediadores sociales de Encasa se encarga de analizar la situación social y económica de los okupas. Encasa mantiene que la cantidad no es fija, aunque oscila entre los 1.200 y los 2.200 euros para familias con un panorama social más vulnerable. Este acuerdo permite a la entidad ahorrarse costes jurídicos y tiempo.

«Esto es parte de la política social de Encasa y lo hacemos con una empresa que trabaja para nosotros y que cuenta con unos trabajadores de mediación social que se encargan de estudiar las necesidades personales de cada una de las familias», subrayan desde la compañía.

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, sin embargo, lamenta que Encasa recurra a la billetera para acabar con los okupas. «Siempre han mirado para otro lado y solo les interesa el negocio», señaló. «En algunos edificios sospechamos que Encasa Cibeles realiza un acoso inmobiliario aunque no lo podemos probar, ya que facilita la entrada de okupas en algunos bloques que hacen la vida imposible a los legítimos adjudicatarios durante dos años, y les abandona a su suerte para que ahora ellos hagan negocio».

La firma gestora quiere dejar claro que distinguen entre las ocupaciones de problemática social y económicas y las ocupaciones conflictivas, donde detrás de estas últimas hay, generalmente, un grupo mafioso organizado. «Hemos dado ayudas de 1.200 euros para que una familia se pueda pagar la mudanza y a otras familias para que puedan afrontar el pago de la fianza para alquilar el piso donde se van a ir a vivir tras dejar la casa okupada», añaden las mismas fuentes.

Desde la gestora ponen como ejemplo un joven okupa con el que se llegó a un acuerdo para abonarle la mudanza que tenía que hacer a Badajoz, donde había alquilado un piso cerca de sus padres. «Si se detecta que se trata de una situación social grave los trabajadores sociales, en colaboración con servicios sociales locales, buscan la mejor alternativa ajustada a cada caso en particular. En algunos casos y con el aval de los mediadores sociales, esas alternativas incluyen una ayuda económica, que varía en cada caso de acuerdo a las distintas circunstancias y necesidades», explica Encasa.

Todas las viviendas que dejan vacías los okupas son arregladas y se colocan puertas acorazadas para evitar nuevas usurpaciones. Encasa ha invertido más de dos millones de euros en los dos años en medidas de seguridad como son la contratación de vigilancia presencial, instalación de cámaras de videovigilancia remota, sensores de movimientos en azoteas, alarmas y puertas blindadas.

Según Encasa, desde hace un año no ha habido nuevas okupaciones en viviendas vacías que gestiona el fondo de inversión. Achacan esta disminución de okupaciones a varios factores. El principal es que todas las ocupaciones ilegales están denunciadas y en segundo lugar, y pese a que los procedimientos judiciales son lentos, ya están comenzando a llegar notificaciones de órdenes de lanzamiento.

En todo Vallecas Encasa Cibeles gestiona alrededor de 1.000 viviendas que antes eran propiedad del Ivima. De ese millar de casas se han llegado a okupar unas 130. En la actualidad hay unas 90 usurpadas y se ubican, principalmente, en la calle de Antonio Gades.

Encasa recuerda que «cuando el Ivima gestionaba las viviendas ya había okupaciones ilegales que aumentaron en el periodo de transición entre la adjudicación del concurso y cuando la gestora se hace cargo de las viviendas». Además, señala que mantienen contactos periódicos con vecinos, dinamizadores sociales de los barrios, policías, Concejalía y Delegación de Gobierno.

Según un estudio de la FRAVM hay más de 1.000 pisos okupados por cinco grupos mafiosos que los alquilan por un precio mensual de 200 a 300 euros. También los venden por 2.000 euros.

El pasado mes de febrero la Delegación de Gobierno y la Fiscalía acordaron implantar juicios rápidos y respaldar a las víctimas de estas okupaciones que sacuden a ocho distritos de la capital: Centro, Carabanchel, Hortaleza, Puente de Vallecas, Tetuán, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde. Además de los juicios exprés también se decidió que en los delitos de usurpación de viviendas se podrán pedir medidas cautelares por parte del  para conseguir el desalojo inmediato de los que okupan ilegalmente las viviendas.

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