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En nombre de la República; por Nacho Toledano

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Las Sentencias en España –esos folios escritos, con mejor o peor estilo, que condicionan nuestras vidas y haciendas después de haber tenido que pasar por un proceso- se dictan siempre encabezadas por un tradicional en nombre del Rey. Evidente reflejo de nuestra forma de Estado que, tanto en ese como en otros órdenes, se hace presente en nuestra vida cotidiana. El Reino de España y la Casa de Borbón. En otras palabras menos formales... el Corinato. España y su larga tradición de putas y chaperos, pícaros, enanos, videntes y ladrones... todos al amparo del armiño regio. Cómo no iban a florecer –ahora más que nunca- estos constantes referentes sociológicos de nuestra vieja España.

El negocio de la Casa Real. Alrededor de sus ilustres personas se hace pasta. Quien no corre vuela -poniendo la manita- cobrando una comisión, girando una factura por un trabajo inexistente o vendiendo una influencia aquí o allá. Reyes, Reinas, yernos y meretrices. Esta sí que es una auténtica Corte de los Milagros. El milagro de hacer dinero coronado –y corinado- sobre las ruinas de una España naufragada y deshecha. Sabemos que esto ni es moral ni es políticamente aceptable. Hemos asociado el concepto de la Monarquía a la corrupción y los negocios del nepotismo. Hemos asociado a la Casa Real con el modelo económico vigente. El Rey como símbolo supremo de una situación opresiva e injusta, y una plena identificación de la institución con los aspectos más negativos e insolidarios del actual estado de cosas.

Recuerdo a los pensadores políticos y constitucionales que leíamos durante la carrera. Soy muy mayor. A mediados de los ochenta, existían dos bloques antagónicos en el mundo. Nuestro entorno occidental se encaminaba –al menos aparentemente- a conseguir la felicidad de todos mediante el triunfo de su pleno desarrollo económico. Un modelo capitalista en expansión que –por obra y gracia de una cada vez mayor estabilidad financiera- estaba en condiciones de garantizar trabajo y seguridad a la práctica totalidad de sus ciudadanos. Decían entonces estos pensadores constitucionales que el mundo occidental había varíado el eje de sus debates políticos más antiguos... que las distintas tendencias políticas ya no centraban su debate en la forma de Estado, sino en el contenido mínimo más o menos amplio que debía de tener cada forma de Estado. Y añadían que nos era indiferente contar con una monarquía o con una república siempre y cuando se garantizasen, de manera clara y terminante, un conjunto de derechos y libertades mínimos para todos. En otras palabras, se opinaba que -mientras se mantuviera el esquema político garantista inherente al mundo occidental- daba igual que quien lo mantuviera fuera una monarquía o una república. Lo importante era el contenido, pero no el continente. Algo así como lo que -en su momento y en España- sostuvieron los francofalangistas cuando el Dictador les impuso a Juan Carlos como sucesor. Saltándose a la torera cochinamente nuestras firmes convicciones republicanas, opinaban que nos era indiferente la monarquía o la república mientras siguieran subsistentes las Leyes Fundamentales. Incluso se remontaban a los ejemplos históricos de la monarquía visigoda electiva y chorradas así. Y es que primero habían tragado con todas y cada una de las Leyes Fundamentales, para después convertirse en monárquicos.

Sin embargo, esta visión contingente sobre nuestras posibles formas de gobierno también ha saltado hecha pedazos con la recesión. Hemos llegado a un punto en el que, superadas los antiguas líneas rectoras de nuestro pensamiento político, forma y contenido se encuentran inseparablemente unidos. A mí –y creo que a muchos de vosotros- no sólo me interesa nuestro esquema de derechos y de garantías constitucionales, considerado como algo objetivamente aislado, sino también -y de forma esencial- la estructura del Estado dentro del cual se desarrollan. Porque la Monarquía ha quedado estrechamente unida a los aspectos más oscuros de nuestra vida pública, y tiene un más que evidente carácter simbólico. La Monarquía simboliza –en esta España de 2.013- un mundo agonizante. El Rey personifica –en sí mismo- ese modelo económico y político inoperante que nos ha llevado al desastre. El Rey es pasado: un mundo que muere matando en mitad de un panorama desolador y trágico.

De esta forma, la República sería un nuevo marco de convivencia en el que desarrollar derechos ahora inoperantes, así como un medio de lograr un nuevo modelo económico más justo. Un mundo que se va frente a un mundo que llega. Por eso, creo que ha llegado la hora de la República. Y no sólo por razones sentimentales, ideológicas o, sencillamente, viscerales. Existen razones de fondo agudizadas por la situación actual de emergencia nacional.

Creo que ha de llegar la Tercera República porque las nuevas circunstancias así lo imponen. Sobre todo, si consideramos –y rechazamos- las tres razones fundamentales sobre las que suelen basar los monárquicos la pervivencia de la propia institución: ser un marco idóneo de defensa de nuestros derechos y libertades, ser el sustento principal de la unidad de España y ser un ejemplo moral de liderazgo para los españoles.

El Rey ha dejado de garantizar la vigencia de nuestros derechos y libertades. Por el contrario, todos los días son limitados y recortados a raíz de políticas restrictivas diseñadas por el Gobierno de España. Pérdida de soberanía y recortes sociales avalados por un asentimiento constante de nuestro Monarca. El Rey tampoco garantiza la unidad nacional, porque nunca ha sido tan fuerte el separatismo como lo es ahora. Y respecto a su función moralizante.. ¿qué decir? Una fortuna ingente de origen opaco disfrutada -sin recato- ante los ojos de los ciudadanos empobrecidos de una España en fase de desintegración.

La República sería el marco adecuado del nuevo proceso constituyente que estamos propugnando. Nada más lógico. Sobre todo si tenemos en cuenta que el eje esencial de este proceso político estaría constituído por la redefinición de nuestros instrumentos de participación democrática. Los ciudadanos españoles debemos amplíar –de modo significativo- nuestras posibilidades de elección: debemos poder decidir más –y mejor- sobre los asuntos que nos afectan y sobre las instituciones que nos representan. Más en concreto, y respecto al papel de la Monarquía desde su reinstauración en 1.975, se harían precisas dos actuaciones urgentes, indispensables y sencillas. Primero, algo tan simple como una auditoría. Nos da igual lo que ha percibido nuestra Casa Real anualmente de los Presupuestos Generales del Estado. Esos datos son públicos y oficiales. El nudo de la cuestión está en saber cuál es el origen de la inmensa fortuna de Juan Carlos: en qué ha invertido y con quién y de dónde ha obtenido beneficios. Y después –ya clarificados estos datos y como culminación de este proceso de transparencia institucional- un referéndum vinculante sobre la forma de Estado en España.

Una etapa constituyente como instrumento de solución de esta situación endemoniada. Y unas Sentencias decretadas en nombre de la República.

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