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constitucion-1978

La Constitución de 1978 configura un modelo de Estado y una estructura institucional para hacerlo funcionar. Esta arquitectura fue el producto del pacto de la Transición, logro histórico muy celebrado dentro y fuera de España y propuesto como referencia y ejemplo de decantación ordenada, legal y pacífica de una dictadura en una democracia. Se ha repetido hasta la saciedad que la gran virtud de aquel acuerdo trascendental fue su carácter integrador, de tal forma que ninguna de las partes que participaron en su gestación vio completamente satisfechas ni totalmente rechazadas sus aspiraciones. Todo el mundo cedió y así se pudo conseguir el que se considera por la inmensa mayoría de la gente informada satisfactorio resultado final. Su principal protagonista fue enterrado con honores de Estado y da nombre al aeropuerto emblemático de nuestro país. Hasta aquí el relato oficial de una historia de éxito que, según se insiste machaconamente, nos ha dado el más largo período de paz civil, prosperidad y progreso desde las guerras napoleónicas y hacia la que volvemos nuestra mirada nostálgica cuando nos agobian las dificultades o los conflictos en busca de inspiración.

Veamos, cuatro décadas después de semejante hito, la situación en la que nos encontramos:

El Gobierno y el Parlamento de una Comunidad Autónoma que representa el 16% de la población y el 19% de la riqueza nacional se han declarado en rebeldía contra el orden constitucional, pisotean sistemáticamente el Estado de Derecho y han puesto fecha a la celebración de un referéndum de autodeterminación con el fin de liquidar a España como Nación. Ante semejante desafío, el Ejecutivo central ofrece diálogo a los golpistas y los Tribunales les imponen penas ridículas por mera desobediencia.

La deuda pública ha rebasado el 100% del PIB mientras el déficit se muestra incontrolable porque hemos construido una Administración multinivel cuya nómina y cuyos gastos rebasan ampliamente lo que la sociedad española puede pagar con los recursos que es capaz de generar. Lejos de proceder a las reformas necesarias para corregir este rumbo suicida, se suben los impuestos ahogando el crecimiento de un tejido productivo que está demostrando una notable capacidad de recuperación. Menos de dos cotizantes soportan a cada pensionista y la Seguridad Social camina hacia su quiebra sin que nadie tome medidas para evitar tal catástrofe.

La corrupción ha infectado la gestión pública hasta el punto de alcanzar en algunos territorios, Cataluña entre ellos, la condición de sistémica. La gran formación socialdemócrata, segundo pilar del sistema, que ha sido hasta hoy Gobierno o alternativa, carece de proyecto y de liderazgo creíble, ha perdido el norte y se desgarra en una división interna que puede borrarla del mapa. El partido hegemónico en el espacio de centro-derecha se ha desideologizado y se ha resignado a aceptar muchos de los planteamientos económicos, sociales y conceptuales de la izquierda y de los nacionalistas identitarios, ciñéndose a un cansino y aséptico pilotaje del corto plazo.

Un populismo colectivista de naturaleza liberticida, auspiciado irresponsablemente por la derecha para debilitar a su principal rival, ha aparecido con la explícita intención de acabar con la democracia representativa y la economía de mercado contando ya con una base electoral que lo ha situado como tercer grupo parlamentario en el Congreso con serias probabilidades de ser pronto el segundo.

Frente a panorama tan desalentador, es lógico preguntarse por las causas de lo que, si no se pone remedio, puede desembocar en un fracaso monumental. Es bien conocido, y existe al respecto abundante literatura e ingente evidencia empírica, que el factor clave para que una nación sea próspera, segura y estable, es que disponga de un conjunto de instituciones y de una cultura cívica que le garanticen el correcto funcionamiento del imperio de la ley, la democracia, la independencia de los poderes del Estado, la libertad de empresa, los derechos fundamentales de sus ciudadanos, la honradez de los gobernantes y un nivel de educación alto para la población. En otras palabras, un edificio político, económico, social y jurídico bien diseñado que le permita desarrollar plenamente sus energías de manera eficiente y sostenida.

Desde esta perspectiva, el sistema institucional y el modelo de Estado que nacieron como fruto de la Transición presentan unos fallos de diseño clamorosos que a largo de los años han ido creando problemas sin resolver de gravedad creciente hasta colocarnos en la crisis múltiple que ahora padecemos. La combinación de una partitocracia extractiva y corrupta que ha invadido el entramado constitucional, los medios de comunicación y la sociedad civil, una ley electoral que elimina el vínculo entre representantes y representados y un Estado hipertrofiado, ineficiente y de aberrante complejidad que nos condena al despilfarro y que ha proporcionado a las tensiones centrífugas el cauce para su malignización, no podía sino abocarnos a la amenaza de ruina y a un callejón de angosta salida. El propósito de la Transición de abrir un paso liso y sin traumas del autoritarismo a la libertad fue loable, pero se hizo por políticos que, más allá de su adscripción ideológica, construyeron un Estado a su servicio y no al de los ciudadanos. Este enfoque profundamente equivocado es la razón esencial de la actual tormenta perfecta que ruge incontenible volando los techos de nuestro equilibrio presupuestario, de nuestra cohesión territorial, de nuestros máximos órganos jurisdiccionales y de nuestra armazón ética.

Aprendí en mis tiempos de formación en las ciencias duras que es imposible hallar la solución a un problema si no se entiende su enunciado. Bajo este prisma, es descorazonador comprobar que ningún partido ni sector influyente de la sociedad civil hace el diagnóstico certero de nuestros males. O bien los ignoran o los minimizan y si alguien realiza un tímido intento de emprender acciones realmente efectivas que nos saquen del atolladero, se limita, bajo la presión ambiental, a auspiciar parches o paliativos muy lejanos de la decidida terapia quirúrgica que nuestras patologías terminales demandan. Es más, no son pocos los que enarbolan enfáticamente programas de gobierno que van en dirección opuesta a la que deberíamos tomar y que, en caso de ser aplicados, nos reducirían rápidamente a un agregado informe de nacioncillas empobrecidas e irrelevantes.

Pese a tanta desgracia, no deja de ser estimulante que todavía son millones los españoles conscientes del pavoroso alcance y de la verdadera raíz del inmanejable embrollo en el que estamos atrapados. Si emergiera del fondo saludable de la Nación el instrumento político y electoral que hiciese suya la misión de rectificar sin complejos, por encima de los muchos intereses espurios creados, los flagrantes fallos de la Transición, todavía cabría la esperanza. No desesperemos aún y que la inspiración nos encuentre trabajando.

Alejo Vidal-Quadras. Publicado en VozPópuli

 

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