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Dom02182018

Última actualizaciónDom, 18 Feb 2018 9pm

Separatismo y democracia

separatismo

En estas últimas semanas de efervescencia de la cuestión catalana, los separatistas no han dejado de invocar a la democracia como la indiscutible justificación de su pretensión de convocar y celebrar un referéndum de autodeterminación fuera del marco constitucional español. Se trata de democracia, han repetido infatigablemente en virtud de la regla elemental de la comunicación que establece que un mensaje simple, directo y aparentemente evidente acaba calando si se reitera hasta la extenuación. Tan es así, que muchas personas de buena fe en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras, lo han aceptado y se han preguntado qué hay de malo en consultar a la gente y obedecer, una vez conocido el resultado de las urnas, a la voluntad mayoritaria. El Gobierno ha optado por una estrategia estrictamente legalista y ha insistido en que semejante operación contraviene el ordenamiento vigente y que la democracia no consiste sólo en contar papeletas, sino que el imperio de la ley es un elemento tan esencial de los regímenes democráticos como el sufragio universal. Sin duda, se trata de un razonamiento bien fundado porque sin respeto a la legalidad no existe democracia posible. Ahora bien, este planteamiento, pese a su solidez jurídica y política, es débil dentro del contexto exuberante de emociones en el que se viene desarrollando este enconado debate. Si la política en los regímenes de opinión pudiera encauzarse por la senda del análisis racional y del examen desapasionado de hechos contrastados, la vida colectiva sería un sereno oasis de paz y armonía. Por desgracia, la realidad es muy distinta y las mentiras, completas o parciales, dirigidas como saetas a la zona límbica de los cerebros de los votantes, son mucho más eficaces para ganar su adhesión acrítica que la exposición razonada de argumentos.

Siendo de enorme importancia, pues, la apelación al cumplimiento de las normas como una base indispensable de la convivencia civilizada, la raíz maligna de la rebelión contra el Estado de los separatistas penetra mucho más profundamente en las entrañas de nuestro sistema político de lo que la justificada llamada del Gobierno al acatamiento al marco legal en vigor permite vislumbrar. En efecto, la deletérea afirmación que subyace al propósito separatista y a su continua referencia a la democracia, es que todo puede decidirse por mayoría, que no hay ámbito social, económico, político o moral que no pueda ser determinado mediante el pronunciamiento de los ciudadanos en una circunstancia concreta y en un momento prefijado de acuerdo con lo que consideren apropiado la mitad más uno de los votos registrados. Y esta idea, la de que todo, absolutamente todo, puede ser sometido al veredicto popular es tan peligrosa y tan perversa que no por casualidad ha engendrado los horrores más espantosos del siglo XX.

Cuando Puigdemont, sus correligionarios y sus compañeros de viaje, se indignan teatralmente porque los tribunales les niegan la potestad de organizar un referéndum que abra la puerta a la liquidación de España como nación, es decir, como matriz y garantía de los derechos y libertades de la totalidad de los españoles, incluidos los siete millones y medio de catalanes, beben de una fuente doctrinal emponzoñada cuyo origen remoto se encuentra en los sofistas griegos, que sistematiza Hobbes, que refuerza Hume, que se desborda en Nietzsche, que inspira a los existencialistas, que subyuga a los posmodernos y que ha alimentado las peores monstruosidades que la Humanidad ha padecido en la edad contemporánea.

De acuerdo con esta visión degradante del ser humano, es inútil esforzarse en buscar la verdad o en intentar trazar una línea que separe el bien del mal porque únicamente somos sensaciones y sentimientos, a los que la razón debe servir. Nuestra libertad de elección es total ya que la moral es una fantasía piadosa. Somos un relámpago que sale de la nada y acaba en la nada y por consiguiente todo nos está permitido y la única ley válida es nuestra irrestricta apetencia. Desde esta perspectiva letalmente relativista, no hay límites a la voluntad general debidamente orientada por el demagogo de turno, depositada en urnas made in China al calor de las soflamas de TV3 y de las cabeceras subvencionadas, y cuidadosamente preparada por tres décadas de adoctrinamiento en las aulas.

Este concepto de la democracia como puramente procedimental contrasta con el de democracia sustantiva. El primero la considera un mero método de toma de decisiones y de elección de los gobernantes, sin que incorpore elementos éticos de carácter pre-político o pre-constitucional. Así, cualquier ley o medida de gobierno que emane de la mayoría ha de ser dada por buena sin entrar en ninguna otra consideración. El segundo, en cambio, sitúa el ejercicio democrático dentro de un marco axiológico que postula unos principios que deben informar tanto el ordenamiento constitucional como cualquier norma de derecho positivo. Por ejemplo, una disposición que vulnerase la dignidad intrínseca de los seres humanos o su igualdad ante la ley en función de criterios étnicos supremacistas o su derecho a poseer bienes propios, por muy mayoritaria que hubiese sido su aprobación parlamentaria, no sería admisible desde una óptica genuinamente democrática. Este conjunto de reglas derivadas del orden natural de las cosas y de una concepción de la persona como titular de derechos y libertades fundamentales que no pueden ser negados por ningún poder, forma parte inseparable de la idea de democracia sustantiva y barra el paso a la tiranía, sea ésta la individual de un dictador que se impone por la represión y el terror, o colectiva de una mayoría que oprime o veja a minorías indefensas.

Cuando los separatistas excitan los bajos instintos de sus bases sociales apelando al odio a un enemigo imaginario y las convencen de que lo que ellas deseen ha de pasar por encima de cualquier referente moral, lo que conduce a colocar la identidad étnica, lingüística o cultural por encima de la igualdad, la libertad o la justicia, nos arrastran a todos a un espacio anómico y salvaje, a una selva invivible en la que los disensos han de ser resueltos por la violencia. Por eso su insistente e hipócrita reivindicación de la democracia añade a sus numerosos delitos uno especialmente grave, aunque no esté contemplado explícitamente en el código penal. No en vano quedó escrito hace dos mil años que el peor pecado es el pecado contra la verdad.

Alejo Vidal-Quadras [Twitter: @VidalQuadras]
Exvicepresidente del Parlamento Europeo. Publicado en VozPópuli

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