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Cataluña no aplica el 'derecho a decidir' a sus municipios

puigdemont-junqueras-romeva

Los independentistas no han incluido un mínimo de participación para dar validez al referéndum que quieren convocar el 1 de octubre para separar a Cataluña del resto de España. Sin embargo, la Generalitat sí exige un quórum para que una localidad se segregue de otra: se necesita el respaldo del 50% de los habitantes sólo para iniciar el trámite, según la Ley municipal de Cataluña.

Lo publica el diario El Mundo.

La ley del referéndum que Junts pel Sí y la CUP presentaron el martes, y que se aprobará no antes de finales de agosto para evitar impugnaciones, sólo dice en su artículo 4 que «si hay más votos afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña», y que si no los hay se convocarán «inmediatamente unas elecciones autonómicas». No establecen ningún quórum.

Según exige la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, en el caso de que los vecinos de una localidad quieran segregar una parte de su territorio para crear otro, necesitarán -sólo para iniciar el trámite- «una mayoría del 50%, como mínimo, del último censo electoral» de esa área.

En Cataluña se han producido en los últimos años dos segregaciones de este tipo, las que dieron lugar a las poblaciones de La Canonja (Tarragona, 2010) y Medinya (que se separó del municipio e Sant Julià de Ramis, Gerona, en 2015). Diputados que fueron partícipes de aquellos procesos recuerdan los «farragosos» trámites legales que tuvieron que superar para independizarse de las localidades a los que estaban adscritos.

Pero Junts pel Sí y la CUP han preferido dejar los porcentajes al margen de la ley del referéndum. La explicación oficial es que quieren ser escrupulosos con la guía de buenas prácticas de la Comisión de Venecia con respecto a la celebración de referendos. El órgano asesor del Consejo de Europa recomienda no estipular «un quórum de participación mínima, porque asemeja a los votantes que se abstienen a aquellos que votan en contra de la propuesta».

Sin embargo, como sucede también con las referencias al Derecho internacional del preámbulo de la ley, los independentistas omiten lo que no les conviene. En realidad, la Comisión de Venecia está lejos de avalar un referéndum como el que propone Carles Puigdemont, como el propio presidente de ese organismo, Gianni Buquicchio, recordó al jefe de la Generalitat en una carta.

«Sin duda sabe que no sólo el referéndum, sino también la cooperación con nuestra Comisión, debe llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas. Me gustaría subrayar que la Comisión de Venecia ha enfatizado la necesidad de que todo referéndum se lleve a cabo cumpliendo plenamente la Constitución y la legislación aplicable», respondió Buquicchio cuando Puigdemont le explicó que quería celebrar una votación de estas características.

Obviando la contundencia de este mensaje, los representantes de Junts pel Sí y la CUP siguieron apelando ayer al órgano del Consejo de Europa. Anna Gabriel dijo, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que «una ley de referéndum no puede imponer mínimos de participación, porque activa el boicot». Y el diputado de Junts pel Sí Lluís Guinó invocó también a la Comisión de Venecia cuando subrayó que «desaconseja» establecer una participación mínima sin hacer referencia a su oposición específica a los planes de Puigdemont.

Sin embargo, los diputados independentistas sí dieron alguna pista del resultado mínimo que esperan. «Todos sabemos que hay una referencia: la participación debe superar con creces, segurísimo, el proceso participativo del 9-N de 2014», dijo Gabriel. Guinó añadió con la aquiescencia de la diputada antisistema que «algunos hablan de un mínimo de tres millones», que es el umbral que se marcan en privado los independentistas.

En el 9-N, sin censo previo y sin valor legal, participaron algo más de 2,3 millones de catalanes, de los que más del 80% se inclinaron por la opción independentista. Como no había censo -los ciudadanos se iban apuntando conforme llegaban a las mesas-, y como pudieron votar también los menores de 16 a 18 años y los extranjeros con residencia en Cataluña, es imposible precisar el porcentaje de participación. Se calcula que estuvo en torno al 37%.

En la misma entrevista, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, rechazó explicar de dónde piensa sacar la Generalitat el censo en esta ocasión. «El Govern dispone de los datos de toda la población, y necesita un marco legal que diga que se pueden usar. La ley del referéndum es ese marco», afirmó. Pero cuando le pidieron más detalles sobre cómo habían obtenido esos datos, dijo: «Eso no lo voy a contestar».

Gabriel, Guinó y Rovira sí fueron más específicos cuando afirmaron que la Ley de Transición Jurídica, que recogerá cómo se efectuaría el paso de la autonomía al Estado independiente en caso de que los soberanistas vencieran en el referéndum, se presentará a finales de julio.

Para explicar inicialmente el contenido de esa ley, que no se aprobaría hasta la eventual victoria del sí, Junts pel Sí piensa en el mismo formato del martes: un acto público no formal, para que no pueda ser impugnada por la Justicia.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, también jugó con las palabras para defender la legalidad del referéndum. En su afán por proteger la nueva ley, aseguró que «la supuesta legalidad del Estado español no es legal, porque no sigue el mandato del derecho internacional que se autoimpuso que debía cumplir». Se refería a que España firmó tratados internacionales que, según él, amparan el derecho de Cataluña a la autodeterminación.

 

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