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La democracia se corrompe: partidos políticos y sindicatos colocan a 145.000 españoles

congreso-gin

Gracias a los ingresos públicos y a las subvenciones, los partidos políticos, y también los sindicatos, se han convertido en las empresas del país que más empleo gestionan.

Según las informaciones recabadas por MERCADOS, los partidos controlan el empleo de más de 145.000 personas, la mayor parte nóminas de sus cargos en las distintas administraciones mientras que en sus sedes sólo sostienen una estructura ínfima. Se trata de casi un tercio de los trabajadores que acumulan las 35 empresas del IBEX en España. Esta cifra supera, por ejemplo, las plantillas de que disponen los seis bancos que figuran en este índice selectivo (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankinter).

De aquí la importancia de ganar unas elecciones o de mantener una base electoral que les permita tener el poder de asignar empleo de no mercado, no competitivo ni procedente de una actividad generadora de PIB a sus correligionarios. Los partidos disponen de una cartera de empleo que puede representar al menos medio millón de votos directos, sumando al trabajador su entorno familiar y social.

Desde que comenzó la crisis hay 11.900 puestos más

Según datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2013 existían 39.500 puestos de trabajo que desempeñaban las cúpulas del poder ejecutivo y los cuerpos legislativos. Esta plantilla equivale a la que disponen en su conjunto en España las compañías energéticas Iberdrola, Endesa y Repsol.

Se trata de los miembros de los gobiernos del Estado, autonomías y ayuntamientos, así como del conjunto de parlamentarios de las 19 cámaras existentes en España (Congreso, Senado y las 17 autonómicas) y los 8.116 alcaldes. Aunque no se aclara, también parecen figurar en este apartado los cuadros directivos de los partidos, los sindicatos y organizaciones empresariales. Curiosamente el Gobierno no facilita la información completa y detallada porque se trata de un secreto estadístico. Cuando empezó la crisis, este colectivo sólo alcanzaba a 27.600 personas frente a las 39.500 actuales.

En realidad, todos viven del dinero público. Incluso lo hace la mayor parte de la mitad de alcaldes que dicen no cobrar un sueldo fijo al mes, ya que la mayoría se han asignado dietas por la asistencia a plenos o comisiones que, curiosamente, no tributan a Hacienda, como también sucede con las de los miembros del conjunto de parlamentos nacionales.

Y algo similar ocurre con los concejales, más de 60.000, el doble por ejemplo de los trabajadores que paga Acciona. El PP controla una nómina de 26.499 ediles (y más de 3.790 alcaldes), equivalentes a la plantilla de Telefónica, y el PSOE de 21.677 (y más 2.300 alcaldes), una cifra similar al número de empleados de Indra en España.

Los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas han revelado que el partido controla 33.000 nóminas. Fuentes del PP aseguraron que no se trata de empleos directos, sino de que el partido gestiona los sueldos de cargos públicos, como diputados, alcaldes o concejales. A ellos se les pueden aplicar complementos por su labor en el PP y también se les pueden aplicar retenciones, según las citadas fuentes, que indicaron que la cifra es inferior a la recogida en la documentación judicial.

Más de 20.000 asesores contratados a dedo

Aunque se trata de cifras conservadoras, a estos datos hay que sumar los más de 20.000 asesores contratados a dedo como personal de confianza en el conjunto de las administraciones e instituciones. Se trata de un número superior a la plantilla de IAG (Iberia). La mayor parte suelen ser familiares de políticos o compromisos de partido.

También hay que añadir los casi 1.500 asistentes y personal vario de los grupos parlamentarios en las diferentes cámaras (incluido el Parlamento Europeo). Su número supera la nómina de empleo de Enagás. Sólo en el Congreso de los Diputados hay 262 asistentes. Su sueldo se abona con el presupuesto de la Cámara y no con las subvenciones y asignaciones a los grupos. El PP dispone de 91 (para 185 diputados) y el PSOE de 73 (para 110 parlamentarios).

Esta fábrica de empleo político se extiende también a los trabajadores de las fundaciones de los partidos, que también reciben asignación pública, y al entramado de cargos de las empresas públicas, entes, organismos autónomos, agencias estatales, fundaciones, consorcios, sociedades mercantiles o universidades de todas las administraciones. En este puzzle de más de 4.000 entes entre el Estado y las autonomías, más otros 7.000 correspondientes a los ayuntamientos, hay más de 22.000 personas que los partidos han designado como consejeros y diversos cargos. Es una cifra similar al número de empleados de las constructoras Sacyr, OHL y Técnicas Reunidas.

Los sindicatos, otra gran fábrica de empleo

La otra gran fábrica de empleo, ligado en muchos casos al presupuesto público y a las subvenciones directa o indirectas (cursos de formación, por ejemplo), son los sindicatos.

CCOO ha anunciado que en diciembre publicará sus primeras cuentas. De UGT, no hay noticia alguna ni tampoco del resto de formaciones. En cualquier caso, las dos organizaciones más representativas se encuentran inmersas en un proceso de ajuste a través de jubilaciones anticipadas y ERE aprovechando las ventajas de la reforma laboral del PP, que ha afectado a más 1.500 trabajadores.

Ninguna organización ha querido facilitar dato alguno de su empleo directa o indirecto alegando la dificultad de obtener una cifra consolidada ya que cada federación nacional o uniones regionales o territoriales tienen un NIF distinto de empleador. En cualquier caso, fuentes del sector fijan las nóminas totales por encima de las 20.000 (no se trata de personal liberado) sin incluir los trabajadores de las empresas creadas para realizar cursos de formación. Por su parte, CEOE, sin incluir todo su aparato de organizaciones empresariales territoriales, dispone de 108 empleados en su sede corporativa.

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