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Jue08172017

Última actualizaciónJue, 17 Ago 2017 11am

El Gobierno, para frenar el referéndum, convertirá a Cataluña en una 'nación sin Estado'

soraya-junqueras

El gran encargo político de Rajoy a Sáenz de Santamaría, para la nueva legislatura, es que cambie el clima de las relaciones del Gobierno con Cataluña. Como respuesta, la vicepresidenta ha emprendido una campaña de gestos para conformar otro ambiente, y para facilitar una interlocución que estaba prácticamente rota. 

Hasta el momento, no había semana sin recurso o sentencia del Tribunal Constitucional contra alguna ley emanada del Parlament. El veto permanente del Gobierno le ha llevado a presentar hasta 32 recursos contra normas catalanas.

Pero no se han tratado solo de medidas para frenar iniciativas vinculadas al proceso independentista. Desde que Artur Mas empezó su deriva soberanista, en 2012, el Ejecutivo de Rajoy ha denunciado todo tipo de actuaciones, desde la declaración de ruptura con España hasta las leyes de pobreza energética y la de horarios comerciales.

El pacto entre el Gobierno y la Generalitat, convertirá a Cataluña en la zona más autónoma e independiente de toda Europa. De facto, una nación sin Estado.

Presupuesto para la consulta soberanista

Aunque el Gobierno asegura que seguirá respondiendo con firmeza, y con la ley, ante el desafío soberanista, sin embargo ha llamado la atención que el Consejo de Ministros no haya replicado de inmediato, y con contundencia, al proyecto de la Generalitat de reservar, en el borrador de Presupuestos de Cataluña para 2017, 5,8 millones para la consulta independentista, con el argumento de que ese texto no se aprobará hasta febrero.

Igualmente, ha concluido que no se dan razones suficientes para actuar contra los ayuntamientos y cargos nacionalistas que trabajaron el día de la Constitución, mientras que lo había hecho contra los que acudieron al puesto de trabajo en la fiesta nacional, el 12 de octubre, asunto que sí ha acabado en los juzgados.

Retirar la mayor parte de los recursos ante el TC

La nueva estrategia del Gobierno pasa ahora por rebajar el frente jurídico y negociar en otros ámbitos. Soraya Sáenz de Santamaría afirmó, en charla informal con periodistas el día de la Constitución, que la "sintonía" con los líderes independentistas catalanes "es buena", y que hay puntos sobre los que pueden llegar a acuerdos, aunque el referéndum sigue siendo para el Gobierno algo no negociable.

El plan de Rajoy para normalizar las relaciones con Cataluña incluye la retirada de una treintena de recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas normativas catalanas.

Y una de las primeras iniciativas ha sido dar marcha atrás en aquellas que los nacionalistas consideran que "tratan de perseguir al catalán".

Hacer desaparecer la lengua de la agenda política

No se pasa por alto la dureza que mostró Aleix Vidal-Quadras contra Jordi Pujol y la política lingüística de la Generalitat a principios de los años 90. Sin embargo, con la llegada de Aznar y el pacto que firmó en el Majestic, la lengua desapareció de repente de la agenda política.

Una estrategia similar a la que se propone desplegar ahora el Gobierno de Rajoy. El momento más recordado de aquella transformación que adoptó entonces el PP fue el famoso "yo hablo catalán en la intimidad", frase que pronunció José María Aznar en 1996, en una entrevista en TV3.

Pero la realidad fue más allá. El Ejecutivo sacrificó al presidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, y ensayó un giro catalanista que dio paso a la etapa de Josep Piqué al frente del partido. En 1997, el Govern aprobó una ambiciosa nueva ley de política lingüística. con Aznar en La Moncloa, que no tuvo ninguna objeción ante el Constitucional por parte del Estado. El PP necesitaba entonces el apoyo de Convergencia para mantenerse en el poder.

Dos décadas después, el Gobierno central explora ahora la posibilidad de volver a reducir esa conflictividad y dar marcha atrás en algunas de esas divergencias relacionadas con el idioma. Estos eran algunos ejemplos concretos:

  • La voluntad de recentralización de competencias y de reafirmación de la posición del castellano en Cataluña por parte del Estado.
  • La impugnación del Estado para las cuotas de catalán en la Ley del cine (2010); impugnación de la regulación lingüística de la Ley del código de consumo (2010); de la Ley de acogida, en la parte en que hace referencia a competencias lingüísticas (2010); y de la Ley del occitano por la declaración del uso preferente del aranés (2011).
  • Trabas del Estado a la emisión y la recepción de canales de radio y televisión en catalán entre los lugares donde se habla, así como la presencia escasa o nula del catalán en los medios de comunicación de alcance.
  • Las medidas contrarias a la CELROM (Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias), tales como el Proyecto de ley estatal de educación, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
  • Las medidas de los gobiernos de las Islas Baleares, Valencia y Aragón, regresivas en cuanto a la aplicación de la CELROM.
  • El impacto del déficit fiscal en la financiación de actividades de apoyo a la lengua.
  • La no aplicación, por parte de la Administración de Justicia española, de la CELROM, como si no fuera un texto normativo vigente en España. En este ámbito, vienen denunciando que son casi inexistentes las sentencias judiciales estatales que mencionan la Carta. Además, el Comité de Ministros del CE reclama al Estado asegurar que un porcentaje del personal de Justicia de las autonomías conozca la lengua pertinente.
  • La nula receptividad del Estado a las recomendaciones del Comité de Ministros del CE.
  • Las situaciones de discriminación que conlleva el desconocimiento del catalán de colectivos dependientes del Estado.
  • Las dificultades de uso del catalán en las instituciones europeas.
  • La escasa o nula contribución del Estado a la promoción exterior del catalán.

Por estas y otras razones, los políticos nacionalistas han venido achacando al Ejecutivo de Rajoy que abusa de las acciones jurídicas y hace poca política de hechos y persuasión. El presidente está dispuesto ahora a dar un giro importante en este asunto.

Revisión sobre pobreza energética, horarios comerciales...

Al margen de las leyes vinculadas al ámbito soberanista y al uso del idioma en la comunidad, otra de las sentencias del Constitucional que más polémica ha suscitado ha sido la que congeló la Ley de pobreza energética.

A finales de 2013, la Generalitat prohibió a las compañías de luz y gas cortar el suministro, en caso de impago, a las personas en situación de vulnerabilidad económica durante los meses de más frío. Esta decisión, según el alto tribunal, "invade la competencia estatal en materia de régimen energético y contraviene la legislación estatal que ha optado por un modelo consistente en la financiación de parte del precio del suministro".

El Constitucional también ha recortado parte de la ley de comercio catalana, en concreto todo lo referente a los horarios, y los domingos y festivos, cuando las tiendas pueden abrir, además de los periodos de rebajas.

Otro gesto: a través de inversiones históricas

Otro de los pilares del plan del Gobierno para "normalizar" la relación con Cataluña pasa por ensanchar el diálogo con más interlocutores en esa comunidad, aumentar su presencia y la del PP y, especialmente, ofrecer más dinero e inversiones, sobre todo ferroviarias.

En Moncloa han concluido que esa laguna, históricamente demandada por Cataluña, debe también abordarse en este momento. Concretan algunos compromisos a afrontar, como el corredor mediterráneo, el acceso al puerto de Barcelona y la lanzadera al aeropuerto del Prat.

 

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