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Una etarra, contratada como psicóloga por el Gobierno vasco

nagore-lopez-eta

En marzo del pasado año, la Guardia Civil detuvo a Nagore López de Luzuriaga en el marco de la operación Pastor, la que dio origen al desmantelamiento del frente de cárceles de la organización terrorista ETA e hizo añicos las estructuras de apoyo con sus abogados. La operación estuvo dirigida por el juzgado 6 de la Audiencia Nacional.

En el auto, el instructor detalló que la detenida fue procesada por integración en organización terrorista. Asimismo, se le prohibió visitar a los presos de ETA. En su poder se encontró un canutillo con instrucciones de ETA para hacerla llegar a los internos de la organización terrorista. Está a la espera de juicio en el caso del frente de cárceles de la banda.

Esta procesada es una de las psicólogas que han participado en la realización de evaluaciones en el marco del informe sobre la tortura en el País Vasco encargado por el Gobierno vasco.

Dicho informe ha estado pilotado por la Secretaría General de Paz y Convivencia del Ejecutivo peneuvista. Esta Secretaría General, a cuyo frente está Jonan Fernández, encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe. En dicho trabajo se denuncia la práctica sistemática de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Desde Vitoria se ha tratado de dar un marchamo de imparcialidad a la comisión encargada de elaborar dicho informe. Una de las integrantes está procesada por terrorismo.

El análisis elaborado por el Ejecutivo de Vitoria analizaba el periodo entre 1960 y 2013 y, según sus primeras conclusiones, las Fuerzas de Seguridad han estado realizando de forma sistemática torturas en el País Vasco, la mayoría durante la incomunicación antiterrorista. Para ello, tras localizar a 4.009 personas que «judicial o socialmente» aseguran haber sufrido torturas, se ha tomado testimonio a 915 de ellas, de las que se ha evaluado psicológicamente a 202 seleccionadas, teóricamente, de forma aleatoria.

Tanto desde las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado como desde los estamentos judiciales se ha puesto en cuestión el trabajo encargado por el Ejecutivo vasco.

Según explicaron fuentes policiales que han analizado los resultados y los estudios, de las 202 personas evaluadas reflejadas en el informe, se destaca que a 119 de ellas no se les ha detectado ningún trastorno de tipo psicológico/psiquiátrico pese a lo cual se mantiene la calificación de víctimas de torturas.

Como explican estas fuentes, resulta llamativo de este estudio que las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que presentan los evaluados se atribuyan a la práctica de actos de tortura, pese al periodo transcurrido entre la comisión de las mismas y la fecha de evaluación psicológicas, más de 20 años en el 60% de los casos, descartándose en dicho informe que las secuelas se hubieran podido producir por cualquier otra causa.

Se constata que la evaluación final de los «expertos» se ha llevado a cabo basándose en los relatos de los denunciantes. A juicio de los responsables del informe del Gobierno vasco, la falta de pruebas médicas o forenses en la mayoría de las denuncias realizadas es fruto, bien de que dichas denuncias no han sido adecuadamente investigadas o bien de que se han empleado métodos de tortura encaminados a dificultar la obtención de pruebas.

Esto significa, según estas mismas fuentes, que los responsables del proyecto dan por verídicas las denuncias de torturas pese a que no hay ningún otro tipo de prueba o evidencia que lo acredite, salvo el testimonio del/la denunciante. Si ese testimonio ha sido analizado por «expertos» como la procesada por pertenencia a organización terrorista, su fiabilidad es casi nula para estos analistas.

Los autores del informe deducen que las condenas contra el Estado español por no investigar estos casos avalan las sospechas de que en España se tortura de forma sistemática o reiterada.

Para los autores del informe del Gobierno vasco, la no investigación de torturas es igual a la comisión de las mismas. Por el contrario, para los analistas policiales, el equipo del que forma parte la procesada cuestiona la independencia y el compromiso de los jueces y fiscales responsables de las investigaciones por denuncias de torturas, se duda del compromiso ético y profesional de los médicos forenses que atienden a los detenidos, acusándoles de ocultar o justificar este tipo de actos. También se cuestiona de forma implícita la actitud de los abogados de oficio por no haber denunciado supuestos que se produjeron durante su práctica profesional. En resumen, denuncian que se está poniendo bajo sospecha a todo el sistema jurídico español.

Denuncian, asimismo, que en este informe no se cita en ningún momento la existencia de documentos internos de ETA donde se acreditan sus órdenes a todos sus militantes para que denuncien sistemáticamente torturas cuando sean detenidos.

 

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