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        Alejo Vidal-Quadras

        
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Dom02182018

Última actualizaciónSáb, 17 Feb 2018 8pm

¿Y si después del #26J no hay acuerdo, qué?

4candidatos

Hoy deciden los españoles. Y a partir de mañana, los políticos. Si como indican las encuestas España queda en manos de la negociación, habrá que cruzar los dedos para que las líneas rojas y los vetos se difuminen.

Si el pacto resulta de nuevo imposible, el bloqueo del país adquirirá tintes muy preocupantes tras siete meses sin que ningún proyecto de ley vea la luz, sin posibilidad de sacar adelante unos nuevos presupuestos, con la inversión pública en estado de parálisis y con la amenaza de nuevas turbulencias financieras en Europa.

Mañana comenzará una nueva etapa de tiras y aflojas, reuniones, declaraciones y contactos cruzados entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera. Se trata de tejer los hilos de un acuerdo base que permita que uno de los cuatro candidatos opte a la investidura una vez que se constituyan las nuevas Cámaras, algo que está previsto, de acuerdo con el decreto de convocatoria electoral, para el próximo 19 de julio.

A continuación el Rey, sin demoras, abrirá una ronda de contactos con los representantes de las fuerzas parlamentarias, de menor a mayor, y designará un aspirante a recabar la confianza del Congreso.

Lo lógico es que el señalado sea el líder del partido que ha conseguido más votos en las elecciones, pero no está escrito que tenga que ser así. Fruto de los acuerdos postelectorales, el mejor situado para conseguir la investidura, por contar con más apoyos parlamentarios, puede ser otro.

También puede suceder que el primero de los aspirantes naturales -los sondeos apuntan a Mariano Rajoy- decline el ofrecimiento del Rey por no disponer de apoyos que le garanticen la confianza de la Cámara.

En ese caso, Felipe VI procedería tras una nueva ronda a designar otro aspirante que, de seguir la lógica aritmética, sería quien haya quedado en segunda posición en las urnas: Pablo Iglesias, si se confirma el sorpasso de Unidos Podemos sobre el PSOE, o Pedro Sánchez si el socialismo finalmente conserva la hegemonía de la izquierda.

La Constitución no marca plazos para celebrar la sesión de investidura; se limita a señalar el procedimiento para designar al candidato. Y lo que es más importante, no aclara qué sucedería si ninguno de los líderes aceptara acudir al Congreso para solicitar su confianza por no tener los respaldos suficientes. España estaría abocada a unas terceras elecciones pero, de facto, no podría activarlas.

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En ese hipotético caso, el empantanamiento sería total. Si no hay sesión de investidura no corre el reloj que pone en marcha los nuevos comicios. El país quedaría en blanco. El Gobierno del PP seguiría en funciones pero con las manos atadas para impulsar la marcha nacional.

El artículo 99.5 de la Constitución no deja lugar a dudas: "Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso". El problema surge si no hay votación que dé el pistoletazo de salida.

En ese caso, los expertos en Derecho Constitucional contactados sólo encuentran un camino: reformar la Carta Magna. A fin de desencallar una situación imposible, la única fórmula pasaría porque los grupos parlamentarios con el Congreso ya constituido y, por tanto, en plenitud de sus facultades, alcanzaran un acuerdo para reformar o retocar el artículo 99.5 de la Carta Magna.

La mayoría de los consultados apuesta por introducir un nuevo apartado en el que se contemple la contingencia de que ningún candidato opte a la investidura. En ese caso podría establecerse un plazo a contar desde la fecha de constitución de las propias Cámaras. Si cumplido el mismo no hubiera habido aspirante a la confianza del Congreso, el Rey procedería, como en la fórmula originaria, a disolver el Parlamento con el refrendo del presidente de la Cámara Baja.

La reforma del artículo 99.5 de la Constitución no comportaría mayores problemas que los derivados del propio acuerdo entre los grupos parlamentarios. Al tratarse de un artículo incluido en uno de los capítulos no blindados de la Carta Magna bastaría con el voto favorable de tres quintos de los diputados y de los senadores.

Si no hubiera acuerdo entre las dos cámaras, se intentaría obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado, tal y como establece el artículo 167 de la propia Constitución.

Si pese a todo se mantuviera la falta de acuerdo, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, aprobaría la reforma.

La polémica modificación del artículo 135, el que establece la obligatoriedad del equilibrio presupuestario, se aprobó por este método en un tiempo récord gracias a que contaba con el apoyo del PP y del PSOE que garantizaban de sobra la mayoría suficiente.

Una reforma de este tipo debería ser sometida a referéndum para su ratificación si lo solicita, en un plazo de 15 días a contar desde su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Tras las elecciones del 20-D, cuando ya se barruntaban las enormes dificultades para un acuerdo de investidura entre las distintas fuerzas políticas y, después de que el primero de los candidatos, Mariano Rajoy, declinara la oferta del Rey de solicitar la confianza del Congreso, el Gobierno analizó todas las posibilidades de activar el calendario electoral en la hipótesis de que finalmente no hubiera sesión de investidura desencadenante.

Nunca llegó a solicitarse un informe al Consejo de Estado porque se entendía que el primer paso para explorar los caminos oportunos debía partir de la Casa del Rey. No obstante, el debate jurídico en el seno del Ejecutivo fue intenso y se llegó a plantear la posibilidad de que el Congreso, previo acuerdo de las fuerzas parlamentarias, realizara una declaración formal dando la investidura por desierta y fallida y, a partir de ese acto institucional, activar el tic-tac con vistas a la nueva convocatoria de elecciones.

 

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