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Lun04242017

Última actualizaciónLun, 24 Abr 2017 12am

Desahucian a tres familias españolas sin recursos por 'okupar' un piso destinado a refugiados

familias-barakaldo

Barakaldo, tres de la tarde. Ricardo Navia está en el sofá, mirando el telediario. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Sin embargo, de un momento a otro la Ertzaintza podría derribar la puerta y echarle de esta casa. No sólo él, sino también a sus cuatro hijos, a su mujer y a otras dos personas –todas ellas desempleadas y en riesgo de exclusión social- que desde el pasado 21 de septiembre ocupan este antiguo piso de acogida de menores, vacío –y perfectamente amueblado- desde marzo de 2014.

El ayuntamiento baracaldés, actual titular de la vivienda, asegura que tiene previsto instalar allí a refugiados sirios, pero de momento sólo hay un decreto de expulsión contra sus actuales moradores.

"Antes era autónomo. Montaba mamparas de oficina, techos... Cuando reventó todo, me quedé sin nada", dice Richard. El pequeño televisor que está sobre la mesa es lo poco, quizás lo único, que le queda de su otra vida. Ahora sólo trabaja unas pocas horas al mes en el metro de Bilbao, como auxiliar. "Me llaman cuando el Athletic juega en casa, dos veces al mes". Es algo, pero no da para mantener a una familia con cuatro niños de entre 5 y 15 años. Mucho menos para pagar el alquiler del piso donde vivían. Y como no pagaba, lo desahuciaron.

Asier Azkarraga también tiene un antes. Cuando las cosas iban bien, era encofrador. Dejó de serlo en 2008. Él también es padre de familia. Él tampoco tiene un trabajo que le permita, simplemente, vivir. "¿Sabes lo que significa no tener nada, absolutamente nada, que perder?", se preguntaba ayer a la hora del telediario.

También se lo preguntó hace dos meses, cuando decidió acompañar a Richard hasta el ex centro de acogida de menores de Barakaldo, antes gestionado por la Diputación de Bizkaia, ahora en manos del Ayuntamiento. La puerta estaba abierta. Entraron. Luego llegaron los niños, la pareja de Richard y Sandra, una mujer que antes tenía casa y ahora no.

Tras conocer la ocupación de esta vivienda, el Ayuntamiento de Barakaldo –a cargo del PNV, que gobierna en coalición con el PSE– apresuró la firma de un decreto para desalojarles, al tiempo que lamentó esta práctica de "patada en la puerta". Frente a esa situación, los ocupantes han recibido incesantes muestras de solidaridad por parte de la plataforma contra la exclusión social Berri Otxoak, que rápidamente emprendió una serie de movilizaciones para tratar de impedir que estas familias se queden en la calle.

"Queda claro que desde el actual equipo municipal de gobierno las únicas actuaciones que se han realizado es criminalizar a las familias para rentabilizar políticamente su desalojo", destacó este colectivo. En ese contexto, tanto Richard como Asier aseguran que desconocían que este piso iba a ser empleado como lugar de acogida para refugiados sirios, tal como argumentó el Ayuntamiento tras conocerse que había sido ocupado. En cualquier caso, no se trataría del único piso municipal que existe en Barakaldo, por lo que los afectados estiman que, de existir voluntad, podrían estudiarse otras soluciones.

Mirando a Europa

"Sabemos que aquí estamos de paso. Lo que queremos es una solución", dice Richard. Este ex trabajador autónomo no oculta una de sus peores pesadillas: perder a sus hijos por no tener un lugar digno donde vivir. "Estoy luchando para que eso no suceda", apunta. Precisamente, ahí podría estar la clave para no perderlo todo. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya estableció en anteriores resoluciones que no se puede dejar a nadie en la calle, y mucho menos si, como ocurre en este caso, hay menores de edad", explica el abogado de estas familias, Iñaki Carro.

El pasado lunes, este letrado llevó el caso a los juzgados de Bilbao. "Hemos solicitado que se suspenda la orden de desalojo. Si nuestra demanda no es admitida por los tribunales de aquí, recurriremos a Estrasburgo", señala Carro.

Ese camino a Europa ya fue recorrido en anteriores ocasiones por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Uno de los casos más sonados se produjo en 2013, cuando consiguió paralizar el desahucio de un bloque de viviendas en Salt (Girona), donde vivían más de cuarenta personas. Entre ellas había unos 20 niños.

Sentado en la sala del piso ocupado de Barakaldo, Richard aún quiere creer que la justicia estará de su lado. "Somos familias comunes y corrientes que atraviesan una situación muy complicada", subraya. En unas horas los niños llegarán a casa. Si hay cena, será gracias a la solidaridad de colectivos sociales y vecinales. Esta noche tendrán cama donde dormir. Mañana nadie lo sabe.

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