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Puigdemont: 'Si en el referéndum gana el SÍ, Cataluña declarará la independencia'

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Máscaras fuera. La Generalitat dejó atrás la retórica y puso letra al desafío al Estado que los independentistas llevan cinco años fraguando. La ley del referéndum unilateral de independencia, que no entrará en vigor hasta finales de agosto para tratar de esquivar a los tribunales, supone de facto sustituir la legalidad española por una catalana. Ante la imposibilidad de encajar la votación en la Constitución española, el Govern anunció que el nuevo texto «establece un régimen jurídico excepcional» que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto» con él. Será, en resumen, la «ley suprema» de Cataluña.

Con un 47,8% de los votos en las últimas elecciones, y con el apoyo de 72 diputados de los 135 del Parlament, Junts pel Sí y la CUP presentaron con toda solemnidad la ley que debe servir para regular el referéndum de independencia prometido para el 1 de octubre. Se han conjurado para no ceder ante la suspensión de la norma, que dan por segura, y afirman que proclamarán la secesión de Cataluña en dos días si el sí supera al no por un solo voto, independientemente de la gente que participe.

El objetivo es llegar al «horizonte luminoso que espera» a los catalanes después de la independencia, en palabras del diputado Lluís Llach. Pero los independentistas buscan dar apariencia de naturalidad legal y de neutralidad a la nueva norma, y han llenado las 20 páginas del texto de instrucciones sobre cómo se formarán las mesas electorales, cómo serán las papeletas, quién formará parte del censo, dónde se votará o qué organismo velará por la pulcritud de todo el proceso.

«Queremos que la gente del no se sienta también llamada a participar», dijo la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pero lo cierto es que, en los dos actos oficiales de presentación de la ley, los independentistas eran abrumadora mayoría. Sólo cuatro diputados de la oposición -tres de Podemos y uno de Esquerra Unida, que se desgajaron de su grupo de Catalunya Sí que es Pot- asistieron a la lectura de la norma en el Parlament. Y por la tarde, en una ceremonia en el Teatre Nacional de Catalunya, se corearon gritos a favor de la independencia y se abucheó cuando los presentadores afirmaron que, si gana el no, se convocarán automáticamente unas elecciones autonómicas.

«Es la ley más importante que se tramitará en esta sede democrática», resumió Jordi Turull, diputado de Junts pel Sí, al inicio del acto de la mañana. Pero la oposición, incrédula ante el desarrollo de los acontecimientos, tildó la presentación de «performance» (Ciudadanos), «charla» (PSC), «huida hacia adelante» (CSQEP) y «golpe de Estado» (PP). Los independentistas no quisieron presentar la norma en un debate formal, de nuevo, para esquivar represalias legales.

El texto deja claro que a Junts pel Sí y la CUP no les preocupa esta vez cumplir la Constitución, pero sí la legitimidad. Por eso el preámbulo de la ley, de tres páginas, es un cúmulo de referencias a instituciones internacionales, como la ONU o el Tribunal de La Haya, que supuestamente amparan el derecho de Cataluña a la autodeterminación. «Legalidad sólo hay una, que se deriva del derecho internacional y de los Derechos Humanos, y el Estado está obligado por ley a aceptar este referéndum, aunque no lo quiera hacer», zanjó el vicepresidente Oriol Junqueras.

Por lo que respecta al resto, destacan las inconcreciones en los elementos fundamentales. Por ejemplo: la ley explica que habrá un censo que «elaborará el Govern», aunque no especifica cómo pretende hacer para esquivar la Ley de Protección de Datos.También destaca que las mesas electorales se formarán, como en una convocatoria normal, por sorteo entre las personas que forman el censo. Y un detalle que no pasó desapercibido: la participación de los elegidos para esas mesas será «obligatoria», pero no explica qué pasa con los ciudadanos que se nieguen.

En el mismo sentido, los diputados de Junts pel Sí y la CUP aseguraron que será obligatorio que los ayuntamientos cedan los «espacios habituales» para la votación. En este caso, la norma sí especifica que, cuando los municipios no lo hagan -los gobernados por la oposición no piensan colaborar-, la Generalitat buscará alternativas.

En ese espacio de «excepcionalidad legal» que se abrirá -si hay que hacer caso a los independentistas- se creará una «sindicatura electoral», con las funciones habituales de la Junta Electoral Central, formada por juristas. Pero con una gran particularidad: sus miembros los elegirá el Parlament «por mayoría absoluta». Es decir: bastarán los votos de Junts pel Sí y la CUP para designarlos.

Ante los avisos del Estado a los funcionarios y a las empresas que participen en el proceso del referéndum, los independentistas afirman que quedan blindados por el artículo tercero, que da «amparo» a «todas aquellas autoridades, personas físicas y jurídicas» que ayuden a la celebración de la consulta.

Pese a la euforia que trataron de transmitir Junts pel Sí y la CUP, un ambiente enrarecido rodeó las presentaciones por la destitución fulminante, el lunes, del conseller de Empresa, Jordi Baiget, por dudar de que el referéndum se acabe celebrando. «El referéndum será vinculante, no será un 9-N», dijeron los promotores de la ley para desmarcarse de las opiniones del ya ex consejero.

Pero el malestar de gran parte del PDeCAT era aún evidente, al menos en la presencia de miembros del Govern. Sólo uno de ellos, Josep Rull, estuvo en el Parlament, frente a los cuatro de los integrantes de ERC del Ejecutivo que sí se encontraban entre el público. «Quien no esté dispuesto a llegar hasta el final, que se marche», había dicho Puigdemont en una reunión a puerta cerrada.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió ayer de que la ley es «manifiestamente antidemocrática», y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que «al Estado le bastan 24 horas para recurrirla» y obtener su paralización. Desafiando estas advertencias, Puigdemont llamó a los suyos a «no desertar». Después, cantó Els Segadors junto a todo el Govern. Entramos en la fase desconocida de un desafío sin precedentes.

 

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