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Piden que el Estado indemnice con 2.000 millones de euros a los descendientes de las víctimas del franquismo

mani-republicanas

A Miguel Hernández, la Ley de Memoria Histórica de 2007 no le hizo justicia. Al menos así lo pensaron sus descendientes, que encajaron el fallo del Tribunal Supremo con indignación. El argumento se fundamentaba precisamente en que la propia ley no preveía una declaración individualizada de la nulidad de las sentencias dictadas, sino una reprobación genérica. Era 2011.

Un año y medio después, el Constitucional, la última instancia, inadmitió a trámite el recurso. Lo que el Consejo de Guerra franquista de 1940 dictó entonces, según el proceso sumarísimo de urgencia 21.001, se quedaría como estaba: Miguel Hernández era culpable de «adhesión a la rebelión». Sentenciado a muerte, pena conmutada por la cadena perpetua, moriría en la cárcel en 1942. Su proceso, uno más de la ola de represión de la posguerra de los juicios sumarísimos, sigue vigente, al igual que las de Julián Grimau o el que fuera presidente de la Generalitat, Lluís Companys, -ambos ejecutados- sobre los que también se pidió la nulidad, así como otros tantos miles de represaliados por la justicia del régimen franquista.

El PSC pretende reparar ahora el supuesto vacío normativo de la ley aprobada durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero con una propuesta de modificación que incluye específicamente el derecho de los condenados por el Franquismo a que se limpien sus expedientes judiciales y sea efectiva la declaración de nulidad. Para ello, se añaden apartados en los artículos 2, 3 y 4, cuyo objetivo principal, como cita el último, es «el derecho de los procesados o sus familiares a obtener una certificación de nulidad de los procedimientos y sentencias correspondientes que expedirá la autoridad competente».

La propuesta de ley presentada en el Parlament y admitida a trámite el 16 de mayo añade, además, un nuevo artículo, el 9bis, con el objeto de reparar el sufrimiento de los represaliados españoles que fueron deportados y recluidos en campos de concentración de Francia y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Proponen conceder una compensación de 135.000 euros, tanto para los supervivientes que sufrieron los campos nazis, como para los herederos de los que murieron «como consecuencia tanto de la deportación como del internamiento en los campos de concentración y trabajo instaurado por el régimen nazi entre 1933 y 1945». Una cantidad que podrían reclamar no sólo los afectados y las viudas sino hijos, nietos o hermanos si no hubiera descendencia. Un matiz relevante ya que, debido al tiempo transcurrido -el próximo 18 de julio se cumplirá el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil-, la posibilidad de que queden víctimas con vida es cada vez menor. Con esta propuesta, el Estado tendría que hacer frente a la compensación de prácticamente todos los casos que pudieran acreditarse. Nada más terminar la Guerra Mundial, la Cruz Roja estimó en 1947 que, sólo en el campo de concentración de Mauthausen, estuvieron retenidos 7.200 prisioneros republicanos españoles.

Según el historiador británico D. W. Pike, 15.000 fueron deportados de Francia a Alemania, una gran parte obligados a trabajos forzados como la construcción del Muro Atlántico -la red de ametralladoras, nidos y fortificaciones que poblaban la costa francesa- y enviados después a diferentes campos nazis, de los cuales la mitad recaló en Mauthausen. De todos ellos, el Ministerio de Justicia tiene registrados, según sus archivos, a 4.440 fallecidos, por lo que la cifra rondaría los 2.000 millones de euros -600 por los fallecidos y otros 1.400 por los supervivientes-.

La iniciativa de compensación económica del PSC choca con el grupo parlamentario Junts pel Sí, que junto a Catalunya Si es Pot y la CUP ha presentado otra propuesta de ley para las víctimas del Franquismo, aplicable, en este caso, sólo a las juzgadas por los franquistas en Cataluña.

 

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